Diputado radical promueve Programa de desarrollo rural

El vicepresidente III de la Cámara de Diputados bonaerense, Juan A. Gobbi presentó un proyecto de ley creando un “Programa para la aplicación de procesos de desarrollo en el ámbito rural de Provincia de Buenos Aires” (PRODERBA).

El mismo parte de la problemática que enfrentan las comunidades rurales a través del despoblamiento rural y tendrá por objeto fomentar el desarrollo endógeno y sostenido de los territorios a través del impulso de la actividad económica y la puesta en valor de los recursos propios que contribuyan al mantenimiento de la población en ese medio.

El legislador radical recordó que “el modelo de producción agrícola pampeano no solo se destaca por las transformaciones producidas en este ámbito en las últimas décadas, sino también por sus efectos sociales: concentración de la propiedad, pérdida de productores y despoblamiento rural”, y agregó “desde la óptica del desarrollo no podemos observar y comprender al mismo tiempo que ignorar la realidad del mundo rural, debiendo contemplarse a los productores que no entran en este esquema de producción y que son dejados al margen por el sistema productivo”.

“Esta situación - prosiguió - necesita de una nueva planificación que contemple un nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible, basado en la movilización de los recursos endógenos; para ello, el programa propuesto contempla la integración de los distintos sectores productivos, procurando aprovechar las sinergias resultantes de su colaboración, el fortalecimiento de los sectores más débiles, el desarrollo armónico cultural, social y la participación ciudadana”.

Según consta en la iniciativa, esta participación se vertebra a través de la creación de los Grupos de Acción Local (GAL), formados por la integración de agentes socioeconómicos públicos y privados con implantación local.

Es destacable que este programa de desarrollo rural se fundamenta en dos premisas, la primera, la existencia de recursos endógenos infrautilizados con potencial de transformación y la posibilidad de ser puesto en valor; la segunda, la movilización de los recursos locales para que asuman el protagonismo del desarrollo de sus territorios.

El diputado Gobbi explicó que “una de las diferencias fundamentales que plantea este modelo de abajo a arriba, gestionado a través de Grupos de Acción Local, es su capacidad de corrección de los desequilibrios internos de la zona mediante la definición de los ejes de desarrollo, definidos en la elaboración de una estrategia de desarrollo”.

“De manera que esta estrategia, pueda fomentar el desarrollo de los territorios rurales a través del impulso económico y la puesta en valor de los recursos propios que contribuyan al mantenimiento de la población en ese medio”, concluyó el legislador de la UCR.

Docentes cobrarían “bonificación por insalubridad”

De aprobarse un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el personal dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación (Dirección de Educación Especial) que desarrolle tareas docentes en los hospitales públicos sean éstos provinciales o municipales, recibirán una bonificación por insalubridad.

En pos de poner en pie de igualdad a esos trabajadores en relación al personal del Ministerio de Salud que presta servicios en los mismos ámbitos y que cobra un plus por ese concepto, el diputado radical Juan A. Gobbi presentó un proyecto de ley que modifica el artículo 31° del Estatuto del Docente, para incluir “la bonificación por insalubridad” a docentes que desarrollan sus actividades dentro de los ámbitos hospitalarios en los Centros de Atención Temprana del (CEAT), así como en las escuelas hospitalarias.

El vicepresidente III de la Cámara joven declaró al respecto, “se trata de reparar los legítimos derechos de los agentes que prestan servicios educativos en los hospitales públicos, probablemente vulnerados por errores involuntarios de naturaleza técnico-administrativa o por falta de decisión política”.

En los fundamentos de la iniciativa se aclara que esta circunstancia sólo comprendería al personal de la Escuela N° 509 “Carlos Cometto” con sede en el Hospital de Niños “Sor María Ludovica” de La Plata, cuya actividad se desarrolla diariamente con alumnos que padecen patologías infectocontagiosas (SIDA, meningitis, enfermedades eruptivas, hepatitis, etc.) o que se encuentran en atención por discapacidades motoras, cánceres terminales, terapia del quemado, etc., todas las cuales conllevan el riego de contagio o de un alto grado de stress, respectivamente, en los agentes a cargo del servicio educativo.

El legislador chascomunense expresó finalmente, “los actuales aires de recuperación, jerarquización y fortalecimiento de los derechos de los trabajadores –relegados en este caso- ameritan un marco normativo que dote de legitimidad a una bonificación que surge tan justa como razonable”.

Preocupación por incumplimiento de beneficio para alumnos de escuelas especiales

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto de solicitud de informes a partir del cual el gobierno deberá responder interrogantes con relación a la aplicación de la Ley Nº 10.978, referida a la incorporación al IOMA de los alumnos no mutualizados de escuelas especiales.

Entre otras consultas, el Vicepresidente III de la Cámara baja provincial, Juan Gobbi, pregunta acerca de los motivos por los que desde la sanción de la Ley Nº 10.978, promulgada mediante Decreto Nº 4.007/90, el Poder Ejecutivo ha incumplido las previsiones de la misma, “privando de cobertura asistencial a los niños bonaerenses, alumnos de los establecimientos de educación especial”.

De la misma manera, el gobierno deberá dar detalle de las dependencias y funcionarios de la administración central y/o del Instituto de Obra Médico Asistencial, responsables de hacer efectiva la cobertura establecida por la legislación referida y detallar la matrícula escolar de la rama afectada por el incumplimiento de la normativa, tanto en la actual matrícula como en las precedentes.

Asimismo, el autor de la iniciativa aprobada solicita que se informe sobre las medidas efectivas a implementar orientadas a normalizar la situación de indefensión de la población beneficiaria de la Ley Nº 10.978 y las resarcitorias del incumplimiento producido a la fecha.

Cabe recordar que la Ley 10.978 promulgada por Decreto 4007/90 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de Noviembre de 1990, estableció, en su artículo 1º, la incorporación de los alumnos de los establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, no mutualizados, al IOMA.

Asimismo, en el Decreto de promulgación señalaba que “acorde con la filosofía que inspira la contención del gasto público, puede el Estado Provincial, hacer frente a necesidades a través del Instituto de Obra Médico Asistencial, con relación a los alumnos dependientes de la rama de Educación Especial, que en la actualidad no se encuentran mutualizados”.

“Habiendo transcurrido más de veinte años desde entonces, el beneficio instituido por la legislación, aun no ha sido implementado, siendo lisa y llanamente ignorado por las sucesivas administraciones del gobierno provincial, demostrando una absoluta indiferencia por la más elemental atención de los niños con capacidades especiales”, denunció el diputado Gobbi.

Seguidamente explicó, “sin adentrarnos en la formulación de juicios de valor respecto de los fundamentos esgrimidos para evadir esta responsabilidad, no podemos dejar de caracterizar como una falta sumamente grave y un incumplimiento imperdonable a la omisión referida”.

“No existe ningún argumento que pueda mitigar la gravedad del incumplimiento, ni un contexto pasado o presente que pueda interponerse como atenuante ante tamaña desidia”, concluyó el legislador de la quinta sección electoral.

Funcionamiento de foros vecinales y municipales

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de solicitud de informes referido a la Ley 12.154 (Seguridad Pública).

En la iniciativa presentada por el diputado de la UCR Juan Gobbi se solicita al gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Seguridad, que informe la cantidad de Foros Vecinales que se encuentran inscriptos en el Registro obrante en esa repartición, y consulta acerca de la existencia de Foros Municipales de Seguridad en cada distrito.

En cuanto a la participación formal e institucional de Concejales en ambos organismos, consulta sobre la integración de los mismos, en función de cada municipio y partido político o agrupación que representa; y los mecanismos de contralor, fiscalización y capacitación de los integrantes de los Foros puestos en práctica, determinando programas de trabajo, área involucrada y presupuesto destinado al efecto.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia deberá informar sobre los resultados de los programas vigentes de capacitación de los integrantes de los Foros en materia de prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, comunicación institucional, planes de estudio y jornadas desarrolladas.

Por último, el Vicepresidente III de la Cámara baja pretender averiguar sobre las actividades desarrolladas hasta el presente por el Consejo Provincial de Seguridad, solicitando una breve síntesis del programa de acción y contenido de los actos administrativos emitidos.

En los fundamentos del proyecto se señalan dos objeciones. Una que tiene que ver con la implementación práctica en territorio de la norma de seguridad pública (Ley 12.154) y de todas las medidas propuestas desde el Ministerio. “No se puede traspolar desde "el laboratorio" o desde una visión superestructural, la organización de entidades y ONGS civiles con un sinnúmero de requisitos, exigencias y funciones estandarizadas para los 134 distritos de la Provincia de Buenos Aires”, y se agrega que con esta medida “se ratifica el nuevo avasallamiento a los Municipios y sus autonomías, subestimando la capacidad y facultad de cada comunidad para poder organizar estas instituciones, que deben ser creadas por los Concejos Deliberantes con un rol específico de prevención y difusión de derechos”.

La segunda objeción trazada “implica ir al fondo de la cuestión y plantear en forma terminante que se carece de una política razonable, consensuada e integral en materia de seguridad pública”. “Aunque pudiera mostrarse algún rédito a través de una "movida mediática o estadística del delito" nos oponemos a este modelo con la responsabilidad de denunciar su fracaso, y precedentes sobran”, advirtió el diputado Gobbi.

Por último, el legislador bonaerense sentenció, “es tiempo de concertar una política seria e integral en la materia, y es por ello que planteamos los interrogantes que forman parte de esta solicitud de informes”.

“Esta medida viene a remediar una omisión hacia los docentes”

El Senado sancionó el proyecto que amplía el beneficio jubilatorio del IPS para docentes transferidos de la esfera nacional. A través de esta normativa que fuera acompañada por los bloques de la UCR tanto en Diputados como en la Cámara de Senadores, el personal docente y no docente que haya sido transferido de Nación a Provincia y que no alcance la cantidad de años suficientes para acceder al retiro, podrá ahora acogerse a los beneficios jubilatorios otorgados por la provincia de Buenos Aires a través del IPS.

El diputado de la UCR, Juan Gobbi mostró su conformidad con la medida y al respecto manifestó “Es importante el grupo de docentes que se beneficia con esta legislación. Ellos se encontraron tras la transferencia a nuestra jurisdicción en una situación de inequidad, debido a que no podían acceder a una jubilación de la Provincia sino que debían hacerlo a través del Anses, que no les reconocía la antigüedad en el cargo”.

El proyecto, presentado en Diputados por el oficialista Tomás Hogan, busca que el personal docente que cumplía funciones a nivel nacional y que fue transferido a la Provincia mediante la ley nacional 24049, pueda acceder a los beneficios jubilatorios otorgados por el IPS, aun cuando no reunieren los años previsionales exigidos por ese organismo.

Concretamente, en el proyecto se consigna que el personal docente y no docente dependiente de la DGCyE transferidos a la provincia de Buenos Aires por la aplicación de la Ley nacional Nº 24.049, Decreto Nº 962/92, aceptada por la ley provincial 11524, podrán acogerse a los beneficios de la jubilación otorgados por el IPS, como organismo otorgante aún cuando no reunieren los años de servicios previsionales exigidos por el organismo.

Además aclara que para ejercer dicho derecho el personal comprendido deberá haber desempeñado sus funciones en el territorio de la provincia de Buenos Aires por el término de quince años anteriores a la vigencia de la ley en cuestión.

El Vicepresidente III de la Cámara baja bonaerense señaló que “esta medida beneficia a docentes y no docentes transferidos quienes con la sanción de la norma, quedarían en igualdad de condiciones con sus pares bonaerenses”.

Aprueban la radicación de órganos y funcionarios judiciales en Chascomús

La Cámara de Diputados bonaerense oportunamente sancionó un proyecto del legislador de la Unión Cívica Radical, Juan Alberto Gobbi, donde solicita la modificación parcial del artículo 8 de la Ley 5827 -Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo la radicación de órganos y funcionarios judiciales con competencia penal en la ciudad de Chascomús. El autor del proyecto gestionó mediante presentación ante el Senado la necesidad de priorizar su pronto tratamiento.

La iniciativa persigue una modificación parcial del artículo 8 de la Ley 5827 -Ley Orgánica del Poder Judicial-, estableciendo la radicación de órganos y funcionarios judiciales con competencia penal en la ciudad de Chascomús.

El legislador pretende reformar la norma que corresponde al Departamento Judicial Dolores, y al mismo pertenece la ciudad mencionada, "y se enmarca en dotar de un servicio a una comunidad que la requiere con suma e imperiosa necesidad".

De obtener el proyecto consentimiento en la Cámara alta de la Provincia, en Chascomús tendrán su asiento un Juez de Garantías, Agente Fiscal y Defensor Oficial con competencia en lo Criminal y Correccional, y a esos efectos el autor de la iniciativa gestiono mediante presentación ante distintos bloques políticos del Senado la necesidad de priorizar su pronto tratamiento y conversión en Ley en el menor tiempo posible.

El diputado Gobbi señaló al respecto, "la complejidad de una población creciente, su características y extensión territorial, y diversos aspectos ligados a índices destacados de criminalidad, ameritan la radicación de los funcionarios propuestos".

Seguidamente, el legislador bonaerense indicó "buscamos responder de forma más eficiente a la compleja realidad actual, de un distrito del interior muy cercano al conurbano bonaerense, con características delictuales que guardan similitud y requiere de la atención del Estado".

El vicepresidente III de la Cámara de Diputados bonaerense argumentó "propiciamos la radicación para favorecer los principios de inmediación y descentralización de la gestión, entendiendo que la reforma no implica costos importantes para el erario público provincial y asimismo la estructura institucional del distrito la receptará con el correspondiente tratamiento normativo".

"Podrán esgrimirse argumentos técnicos –prosiguió el legislador- que supeditan la creación de una estructura judicial como la propuesta, al estudio y evaluación de la Comisión Especial creada en el ámbito del Ministerio de Justicia, pero también es un dato de la realidad que primaron excepciones durante todo este tiempo. Excepciones por las que "alguien" deberá hacerse cargo".

Por último, declaró "la necesidad de respuesta a los justiciables, víctimas y damnificados de nuestras comunidades no resiste argumentos técnicos ni excusas banales, porque se sabe fehacientemente que localidades con menor complejidad y estadística delictual y menor población que Chascomús han sido favorecidas con la designación de funcionarios con competencia penal".