El gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá explicar a la legislatura la demora observada en las obras de una escuela especial ubicada en la ciudad de Chascomús.
A raíz del retraso en las obras de infraestructura para la construcción de un edificio propio para la escuela N° 504 de la localidad bonaerense de Chascomús, el diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical, Juan A. Gobbi, presentó una iniciativa donde el ejecutivo de la provincia deberá dar cuenta de las causas de tal demora por parte de la empresa adjudicataria.
En el articulado del proyecto se pregunta cuál fue el criterio adoptado por la Comisión de Evaluación de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) para determinar la conveniencia de la oferta de la empresa adjudicataria, y a cuánto asciende el monto del adelanto financiero recibido.
Asimismo, se deberá presentar el plazo total de obra, el nivel de certificación que hay a la fecha y las razones que expone la empresa adjudicataria para justificar su inocultable retraso; cuál es la situación actual, en términos presupuestarios, de la Dirección de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Escuelas, en cuanto a sus posibilidades de afrontar eventuales nuevas certificaciones; y qué medidas prevé tomar la mencionada Dirección para subsanar las demoras de la ejecución de obra.
Cabe recordar que la Escuela de Educación Especial Nº 504 de Chascomús que trabaja con discapacitados motores, sensoriales y multimpedidos, funciona desde hace muchos años en un edificio cedido por la Municipalidad local, y “viene padeciendo una dinámica perversa de anuncios, promesas, marchas y contramarchas, con relación a la definitiva dotación de un inmueble con las características que debe reunir un edificio sede de un establecimiento escolar para niños con necesidades especiales”, sostuvo el diputado radical.
El legislador de la quinta sección electoral explicó que el establecimiento en cuestión, “debe desenvolverse en una pequeña vivienda adaptada, de dos plantas, comunicadas únicamente a través de una escalera exterior, con puertas, pisos y locales con niveles diferentes, y equipamiento absolutamente inadecuados para la movilidad y autonomía de la matricula de alumnos”.
Tras el llamado a licitación de la Dirección de Infraestructura Escolar dependiente de la Dirección General de Escuelas provincial, el adelanto a la empresa constructora, de acuerdo a lo que trascendió en medios periodísticos locales, fue de casi $ 1.000.000 y se cobró a fin del 2008, “en tanto se comenzó con la obra recién en el mes de marzo de 2009”, aseguró el diputado provincial Juan Gobbi.
Según el legislador bonaerense, a nivel construcción, “hasta ahora, lo único que se hizo fue el relleno y nivelado del terreno, dos terceras partes de las fundaciones, y se observa un proceso de ejecución a un ritmo absolutamente lento, denotando la empresa muy poco interés y/o posibilidades de aumentar la velocidad de obra”.
El diputado Juan Gobbi concluyó diciendo, “esta situación de casi inmovilidad de la obra hace que se reinstale el malhumor entre los miembros de la comunidad educativa chascomunense y regresen las sospechas de boicot y/o desinterés por parte de las autoridades provinciales, así como las dudas respecto de la capacidad técnica y operativa de la empresa adjudicataria”.
viernes, 23 de octubre de 2009
viernes, 9 de octubre de 2009
Preocupación por deuda con proveedores de comedores escolares
El diputado bonaerense de
El ejecutivo de la provincia de Buenos Aires deberá contestar la cantidad de establecimientos educativos de gestión pública que se encuentran funcionando y prestan servicio de comedor escolar diario, como así también la matricula que registran y cantidad de beneficiarios.
Asimismo, el legislador consulta en su iniciativa cuál es el presupuesto anual 2009 destinado a financiar comedores escolares, la nómina de proveedores, consignando montos y porcentajes practicados.
El diputado radical opinó al respecto, “la profunda crisis que padece la provincia de Buenos Aires constituye una señal de alarma de las medidas que debe adoptar el gobernador Daniel Scioli en pos de amparar a quienes más lo necesitan y también a todos los bonaerenses que hacen el esfuerzo por contribuir con las arcas del estado provincial, pagando sus impuestos”.
“Mucho nos falta a los argentinos para desandar prácticas y metodologías de funcionamiento, y pelear por defender nuestra autonomía financiera e institucional como provincia, proponiendo alternativas de obtención de recursos”, agregó el diputado Gobbi.
Seguidamente, el legislador de la quinta sección electoral denunció “la provincia de Buenos Aires es objeto de discriminación en materia de redistribución de la recaudación nacional desde hace ya varios años. Las cifras actuales dejan a la provincia en inferioridad de condiciones si tenemos en cuenta que aporta a la nación casi el 38% del PBI y recibe sólo el 21.5% en concepto de recursos coparticipables”.
Además, recordó que “el 15 de agosto de 2007 presentamos una iniciativa, reproducida luego, donde se establecían distintas alternativas que harían posible cubrir el déficit provincial que se incrementaba a pasos agigantados, quedando paralizada la iniciativa en la comisión de Reforma Política de esta Honorable Cámara”.
Por último, Juan Gobbi resaltó “la preocupación que se reitera en materia de financiamiento de un sector especifico, y demostrado a través del incumplimiento del pago a proveedores de nuestra provincia que abastecen los comedores escolares y distintas áreas de salud”.
viernes, 18 de septiembre de 2009
“Es tiempo de concertar una política seria e integral en materia de seguridad”
Por intermedio de un proyecto presentado en la legislatura bonaerense, el gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá responder inquietudes referidas a los foros vecinales y foros de seguridad municipales, contemplados en la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154).
De esta manera, el gobierno encabezado por Daniel Scioli, por intermedio del ministerio de Seguridad deberá informar la cantidad de Foros Vecinales que se encuentran inscriptos en el Registro obrante en esa repartición, y de Foros Municipales de Seguridad, discriminados por distrito.
Asimismo, en la iniciativa se solicita una breve reseña cronológica anual desde 1998 a la fecha, consignando la cantidad de instituciones, entidades intermedias u ONGs que integraron individualmente cada organismo; y sobre la participación formal e institucional de Concejales en ambos organismos según el registro existente, integrando en forma permanente los mismos, en función de cada municipio y partido político o agrupación que representa.
Por último, la iniciativa se pregunta sobre los resultados de los programas vigentes de capacitación de los integrantes de los Foros en materia de prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, comunicación institucional, planes de estudio y jornadas desarrolladas; y sobre las actas de constitución de la totalidad de los Foros Departamentales: representación institucional de cada uno de los miembros y resoluciones que de los mismos emanaron.
Cabe recordar que la vigencia de la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154) incluye la temática de organización y funcionamiento de los Foros de Seguridad, organismos que fueran creados –en la primera gestión ministerial de Carlos Arslanián- con la intención de generar instancias de participación y contralor ciudadano a la policía bonaerense.
En el mismo sentido, fueron pensados los Foros Departamentales, el Defensor de la Seguridad y el Consejo Provincial de Seguridad, con una pluralidad de integración “que no sólo dificulta su funcionamiento sino que se carece de conocimiento por su accionar y resultando razonable evaluar el balance de gestión hasta el presente”, aseguran los fundamentos de la iniciativa.
En su iniciativa, el diputado Juan Gobbi objetó la actual legislación en materia de seguridad, por la poca posibilidad de implementación práctica que tiene la misma en territorio bonaerense y, trasladando está inquietud a todas las medidas propuestas desde el Ministerio.
“No se puede traspolar desde una visión superestructural la organización de entidades y ONGS civiles con un sinnúmero de requisitos, exigencias y funciones estandarizadas para los 134 distritos de la Provincia de Buenos Aires, máxime si se tiene en cuenta el "estado de emergencia" de la seguridad pública que estableció para la provincia y sus instituciones el actual gobierno”, advirtió el legislador.
En este sentido, el diputado radical consideró que “se ratifica el nuevo avasallamiento a los Municipios y sus autonomías, subestimando la capacidad y facultad de cada comunidad para poder organizar estas instituciones, que deben ser creadas por los Concejos Deliberantes con un rol específico de prevención y difusión de derechos”.
Asimismo, el legislador bonaerense planteó que en la provincia de Buenos Aires, “se carece de una política razonable, consensuada e integral de seguridad pública”, y sentenció “es tiempo de concertar una política seria e integral en la materia, y es por ello que planteamos los interrogantes que forman parte de esta solicitud de informes”.
Asimismo, en la iniciativa se solicita una breve reseña cronológica anual desde 1998 a la fecha, consignando la cantidad de instituciones, entidades intermedias u ONGs que integraron individualmente cada organismo; y sobre la participación formal e institucional de Concejales en ambos organismos según el registro existente, integrando en forma permanente los mismos, en función de cada municipio y partido político o agrupación que representa.
Por último, la iniciativa se pregunta sobre los resultados de los programas vigentes de capacitación de los integrantes de los Foros en materia de prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, comunicación institucional, planes de estudio y jornadas desarrolladas; y sobre las actas de constitución de la totalidad de los Foros Departamentales: representación institucional de cada uno de los miembros y resoluciones que de los mismos emanaron.
Cabe recordar que la vigencia de la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154) incluye la temática de organización y funcionamiento de los Foros de Seguridad, organismos que fueran creados –en la primera gestión ministerial de Carlos Arslanián- con la intención de generar instancias de participación y contralor ciudadano a la policía bonaerense.
En el mismo sentido, fueron pensados los Foros Departamentales, el Defensor de la Seguridad y el Consejo Provincial de Seguridad, con una pluralidad de integración “que no sólo dificulta su funcionamiento sino que se carece de conocimiento por su accionar y resultando razonable evaluar el balance de gestión hasta el presente”, aseguran los fundamentos de la iniciativa.
En su iniciativa, el diputado Juan Gobbi objetó la actual legislación en materia de seguridad, por la poca posibilidad de implementación práctica que tiene la misma en territorio bonaerense y, trasladando está inquietud a todas las medidas propuestas desde el Ministerio.
“No se puede traspolar desde una visión superestructural la organización de entidades y ONGS civiles con un sinnúmero de requisitos, exigencias y funciones estandarizadas para los 134 distritos de la Provincia de Buenos Aires, máxime si se tiene en cuenta el "estado de emergencia" de la seguridad pública que estableció para la provincia y sus instituciones el actual gobierno”, advirtió el legislador.
En este sentido, el diputado radical consideró que “se ratifica el nuevo avasallamiento a los Municipios y sus autonomías, subestimando la capacidad y facultad de cada comunidad para poder organizar estas instituciones, que deben ser creadas por los Concejos Deliberantes con un rol específico de prevención y difusión de derechos”.
Asimismo, el legislador bonaerense planteó que en la provincia de Buenos Aires, “se carece de una política razonable, consensuada e integral de seguridad pública”, y sentenció “es tiempo de concertar una política seria e integral en la materia, y es por ello que planteamos los interrogantes que forman parte de esta solicitud de informes”.
jueves, 10 de septiembre de 2009
Promueven la utilización de energía solar en territorio bonaerense
En la cámara de Diputados bonaerense se presentó un proyecto de declaración a favor de que el Banco de la Provincia otorgue créditos con tasas y plazos preferenciales a quienes acrediten solicitarlo para la adquisición de sistemas de energía solar.
El diputado de la UCR, Juan A. Gobbi, presentó un proyecto instando al Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires a que lancen una línea de créditos con tasas y plazos preferenciales a quienes acrediten solicitarlo para la adquisición de sistemas de energía solar para edificaciones destinadas a viviendas, locales comerciales, y oficinas, entre otros.
En su iniciativa, el legislador destaca la generación de electricidad a través de la Energía Solar, que es “mucho más amigable con el medio ambiente, comprobadamente más eficaz y a lo largo del tiempo, muy económica”.
Juan Gobbi aclaró que a pesar de su escasa difusión, “existen en nuestro país, empresas que se dedican a instalar paneles para la energía solar y se ha extendido el uso en los últimos años de manera muy importante”.
Cabe recordar que la energía solar produce electricidad en forma directa. No hay piezas móviles, nada se consume, no se emite ningún gas ni productos químicos.
“La energía solar, para uso doméstico, no sólo resuelve el tema eléctrico sino que también puede utilizarse para artefactos que comúnmente funcionan a gas. Además resuelve problemas de distancia, ya que por ejemplo, aún hoy, existen muchas zonas rurales, dónde no llega la distribución de electricidad local” argumentó el diputado radical.
“En algunos países – prosiguió el legislador - se está propiciando desde el Estado la intervención de entidades de crédito con el propósito de incrementar las inversiones de particulares en la generación de energía eléctrica con paneles solares para lugares de requerimiento energético, y se lo hace con apalancamiento de los créditos sobre el bien inmueble, esto es hipotecarios, el que a su vez puede ser transferido de titular si este es vendido”.
Seguidamente, el ex intendente de Chascomús explicó que dado el hecho que “la inversión tiene una tasa de retorno menor a lo que un crédito corriente podría ofrecer, por lo que sólo sí esto es alentado desde algún órgano de crédito de manera preferencial sería viable para quienes estuvieran interesados en afrontar la tarea”.
En cuanto a lo que ocurre en territorio bonaerense, donde “nada alcanza para satisfacer el consumo infinito de electricidad”, el diputado Juan Gobbi opinó que es importante analizar la posibilidad de generar electricidad a través de energía solar, y “de comprobarse la viabilidad, se transforme nuestro banco provincial en una herramienta ejemplar en la búsqueda de alternativas energéticas amigables con el ambiente”.
El diputado de la UCR, Juan A. Gobbi, presentó un proyecto instando al Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires a que lancen una línea de créditos con tasas y plazos preferenciales a quienes acrediten solicitarlo para la adquisición de sistemas de energía solar para edificaciones destinadas a viviendas, locales comerciales, y oficinas, entre otros.
En su iniciativa, el legislador destaca la generación de electricidad a través de la Energía Solar, que es “mucho más amigable con el medio ambiente, comprobadamente más eficaz y a lo largo del tiempo, muy económica”.
Juan Gobbi aclaró que a pesar de su escasa difusión, “existen en nuestro país, empresas que se dedican a instalar paneles para la energía solar y se ha extendido el uso en los últimos años de manera muy importante”.
Cabe recordar que la energía solar produce electricidad en forma directa. No hay piezas móviles, nada se consume, no se emite ningún gas ni productos químicos.
“La energía solar, para uso doméstico, no sólo resuelve el tema eléctrico sino que también puede utilizarse para artefactos que comúnmente funcionan a gas. Además resuelve problemas de distancia, ya que por ejemplo, aún hoy, existen muchas zonas rurales, dónde no llega la distribución de electricidad local” argumentó el diputado radical.
“En algunos países – prosiguió el legislador - se está propiciando desde el Estado la intervención de entidades de crédito con el propósito de incrementar las inversiones de particulares en la generación de energía eléctrica con paneles solares para lugares de requerimiento energético, y se lo hace con apalancamiento de los créditos sobre el bien inmueble, esto es hipotecarios, el que a su vez puede ser transferido de titular si este es vendido”.
Seguidamente, el ex intendente de Chascomús explicó que dado el hecho que “la inversión tiene una tasa de retorno menor a lo que un crédito corriente podría ofrecer, por lo que sólo sí esto es alentado desde algún órgano de crédito de manera preferencial sería viable para quienes estuvieran interesados en afrontar la tarea”.
En cuanto a lo que ocurre en territorio bonaerense, donde “nada alcanza para satisfacer el consumo infinito de electricidad”, el diputado Juan Gobbi opinó que es importante analizar la posibilidad de generar electricidad a través de energía solar, y “de comprobarse la viabilidad, se transforme nuestro banco provincial en una herramienta ejemplar en la búsqueda de alternativas energéticas amigables con el ambiente”.
viernes, 4 de septiembre de 2009
PREOCUPACION LEGISLATIVA POR ASCENSOS MASIVOS EN LA POLICIA BONAERENSE
Según una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, el gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá responder sobre distintos aspectos relacionados con las características y particularidades de los ascensos producidos en la Policía bonaerense.
En el proyecto de solicitud de informes aprobado durante la última sesión, se detallan las inquietudes como cantidad de efectivos policiales que fueron promovidos por el Ministerio de Seguridad, precisando fecha e identificación de los actos administrativos dictados en consecuencia durante el corriente año; la asignación de los referidos ascensos según los distintos agrupamientos de la fuerza de seguridad; y el mecanismo de excepción utilizado para ascender a efectivos que carecían de título secundario.
Asimismo, el Ejecutivo deberá aclarar si existen denuncias por falsificación de títulos secundarios que afecten a miembros de la Policía Bonaerense, que han sido beneficiados con el régimen de promoción aludido; y si persiste personal policial con antigüedad entre 5 y 15 años del servicio activo que no fue beneficiado con el “régimen de promoción de ascensos” que nos ocupa, y de ser así determine cantidad de efectivos, expresando en éste caso los fundamentos de la medida.
El diputado de la UCR y autor de la iniciativa, Juan Gobbi, calificó de “disparatada” la medida de promover un ascenso masivo en la policía de la provincia de Buenos Aires, “sin respetar el marco de legalidad que ello amerita, y mediante una normativa de “excepción” de dudosa constitucionalidad”.
“Seria prudente una urgente revisión de los actos administrativos dictados – prosiguió Juan Gobbi - que impliquen darle un sentido de justicia y equidad a los ascensos, priorizando la correcta evaluación de los legajos como asimismo la acreditación del título de estudiante secundario de cada miembro de la policía bonaerense”.
Y agregó, “también debe analizarse la promoción a que pertenece cada efectivo en todos los casos, y asimismo si registran antecedentes penales o sumarios internos en la fuerza”, ya que “sería intolerable discriminar a funcionarios que reúnen los requisitos para una normal promoción, y “premiar” a otros que fueron beneficiados con títulos apócrifos, generando un daño irreparable a toda la institución”.
Finalmente, Juan Gobbi advirtió “se impone esclarecer sobre la marcha de las investigaciones en curso, determinar sus responsables y asimismo retrotraer la medida, que cómo consecuencia directa ha generado una defraudación agravada contra la administración pública”.
En el proyecto de solicitud de informes aprobado durante la última sesión, se detallan las inquietudes como cantidad de efectivos policiales que fueron promovidos por el Ministerio de Seguridad, precisando fecha e identificación de los actos administrativos dictados en consecuencia durante el corriente año; la asignación de los referidos ascensos según los distintos agrupamientos de la fuerza de seguridad; y el mecanismo de excepción utilizado para ascender a efectivos que carecían de título secundario.
Asimismo, el Ejecutivo deberá aclarar si existen denuncias por falsificación de títulos secundarios que afecten a miembros de la Policía Bonaerense, que han sido beneficiados con el régimen de promoción aludido; y si persiste personal policial con antigüedad entre 5 y 15 años del servicio activo que no fue beneficiado con el “régimen de promoción de ascensos” que nos ocupa, y de ser así determine cantidad de efectivos, expresando en éste caso los fundamentos de la medida.
El diputado de la UCR y autor de la iniciativa, Juan Gobbi, calificó de “disparatada” la medida de promover un ascenso masivo en la policía de la provincia de Buenos Aires, “sin respetar el marco de legalidad que ello amerita, y mediante una normativa de “excepción” de dudosa constitucionalidad”.
“Seria prudente una urgente revisión de los actos administrativos dictados – prosiguió Juan Gobbi - que impliquen darle un sentido de justicia y equidad a los ascensos, priorizando la correcta evaluación de los legajos como asimismo la acreditación del título de estudiante secundario de cada miembro de la policía bonaerense”.
Y agregó, “también debe analizarse la promoción a que pertenece cada efectivo en todos los casos, y asimismo si registran antecedentes penales o sumarios internos en la fuerza”, ya que “sería intolerable discriminar a funcionarios que reúnen los requisitos para una normal promoción, y “premiar” a otros que fueron beneficiados con títulos apócrifos, generando un daño irreparable a toda la institución”.
Finalmente, Juan Gobbi advirtió “se impone esclarecer sobre la marcha de las investigaciones en curso, determinar sus responsables y asimismo retrotraer la medida, que cómo consecuencia directa ha generado una defraudación agravada contra la administración pública”.
miércoles, 2 de septiembre de 2009
El diputado Gobbi disertó en encuentro seccional
El diputado provincial de la UCR, Juan Gobbi, disertó en una jornada realizada en la localidad de Bolivar, de la que participaron representantes de los distritos que conforman la séptima sección electoral.
Durante el encuentro, el legislador se refirió a las retenciones al agro, fondos sojeros, coparticipación federal, coparticipación provincial y explicó el estado financiero de la provincia de Buenos Aires, estableciendo alternativas para su financiamiento.
El diputado radical marcó con claridad el problema financiero por el que atraviesa la provincia de Buenos Aires, cuyo déficit en el ejercicio 2009 va a superar ampliamente los 5.500 millones de pesos.
También resaltó la necesidad de conformar políticas de estado en ese sentido, reclamando lo que le pertenece a la provincia, por aplicación de la actual ley vigente de Coparticipación Federal, Ley 23.548.
El legislador destacó el artículo 7° de la misma, que prevé que las provincias no pueden recibir menos del 34% del total de recursos de Nación, sean coparticipables o no; “con esta cantidad misma, Buenos Aires debería percibir una suma adicional en el ejercicio 2009 de 5.770 millones de pesos, los que permitirían paliar el déficit anunciado oficialmente”, advirtió. Y agregó, “al mismo tiempo como estas sumas son coparticipables a los municipios, darían solución a los mismos, incrementando sus recursos”.
“Por ejemplo – prosiguió el legislador - Bolívar recibiría más la suma de pesos 5,55 millones, General Pueyrredón 21,86 millones, Lomas de Zamora 23,19 millones, Chascomús 7,06 millones, General Belgrano 3,11 millones y Saladillo 2,90 millones, entre otros”. “Como se observa, con el cumplimiento estricto de la ley se daría respuesta adecuada a la provincia y los municipios, lo que implica un objetivo común, el cual se debe perseguir”, expresó.
Por último, el diputado Gobbi respondió las inquietudes de los presentes y se entregaron trabajos referidos al tema, que son realizados mensualmente. Por la séptima sección participaron representantes de los distritos de Saladillo, Veinticinco de Mayo, Roque Pérez, General Alvear, Tapalque, Olavarría y Azul.
El diputado radical marcó con claridad el problema financiero por el que atraviesa la provincia de Buenos Aires, cuyo déficit en el ejercicio 2009 va a superar ampliamente los 5.500 millones de pesos.
También resaltó la necesidad de conformar políticas de estado en ese sentido, reclamando lo que le pertenece a la provincia, por aplicación de la actual ley vigente de Coparticipación Federal, Ley 23.548.
El legislador destacó el artículo 7° de la misma, que prevé que las provincias no pueden recibir menos del 34% del total de recursos de Nación, sean coparticipables o no; “con esta cantidad misma, Buenos Aires debería percibir una suma adicional en el ejercicio 2009 de 5.770 millones de pesos, los que permitirían paliar el déficit anunciado oficialmente”, advirtió. Y agregó, “al mismo tiempo como estas sumas son coparticipables a los municipios, darían solución a los mismos, incrementando sus recursos”.
“Por ejemplo – prosiguió el legislador - Bolívar recibiría más la suma de pesos 5,55 millones, General Pueyrredón 21,86 millones, Lomas de Zamora 23,19 millones, Chascomús 7,06 millones, General Belgrano 3,11 millones y Saladillo 2,90 millones, entre otros”. “Como se observa, con el cumplimiento estricto de la ley se daría respuesta adecuada a la provincia y los municipios, lo que implica un objetivo común, el cual se debe perseguir”, expresó.
Por último, el diputado Gobbi respondió las inquietudes de los presentes y se entregaron trabajos referidos al tema, que son realizados mensualmente. Por la séptima sección participaron representantes de los distritos de Saladillo, Veinticinco de Mayo, Roque Pérez, General Alvear, Tapalque, Olavarría y Azul.
Por el fortalecimiento de los derechos de Usuarios y Consumidores
La Cámara Baja bonaerense aprobó un proyecto del diputado radical Juan Gobbi, que pretende saber “cuáles son las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo para la normal protección de los usuarios y consumidores en función de los derechos establecidos por el artículo 38° de la Constitución Provincial y qué medidas concretas impulsó para proveer el cumplimiento de las responsabilidades impuestas al Estado”.
Entre otros interrogantes, la iniciativa del legislador radical pregunta si en función de lo normado por el artículo 43° de la Ley Nacional 24.240 y el Decreto Provincial 1472/95, el organismo pertinente que actúa como autoridad de aplicación procedió a la creación del Registro Provincial de Consumidores y Usuarios.
Por otra parte, requiere información sobre qué mecanismos de contralor ha implementado para prevenir las infracciones que puedan cometer los proveedores de bienes y/o servicios en el territorio de la provincia; cuáles son los elementos técnicos, presupuesto y recursos humanos que la Provincia ha dispuesto para la aplicación en su ámbito de las disposiciones de la Ley 24.240; y cuál es el estado actual de la implementación en la Provincia del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo.
Cabe recordar que las reformas constitucionales de 1994 incorporaron los “NUEVOS DERECHOS” en la parte general en el marco de Declaraciones, Derechos y Garantías, consagrando nuestras constituciones provincial y nacional el derecho a la información y la educación, y específicamente determina como derecho de las ciudadanas y los ciudadanos, la educación para el consumo y la protección de consumidores y usuarios.
En los fundamentos de la iniciativa se recuerda que a partir de los preceptos contenidos en los artículos 38 de la Constitución provincial y el artículo 42 de la Constitución Nacional, se requiere que desde el Estado provincial, a través de los organismos con competencia, se articulen programas y/o políticas, tendientes a fortalecer estos derechos y siendo “herramientas válidas” los distintos actores consagrados institucionalmente, entre otras ONGs, Asociaciones y Municipios.
El diputado chascomunense consideró al respecto, “estamos convencidos que a partir del conocimiento, difusión y respeto de estos derechos lograremos mejores oportunidades para nuestros conciudadanos, y de esta manera, acotar las inquietudes que genera el mercado”. Con ese objetivo, el legislador también propone incorporar como contenido transversal en los niveles de enseñanza provincial la asignatura de Educación para el Consumo y Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores.
“Para cumplir con los objetivos perseguidos – prosiguió el legislador - el Estado debe observar en su accionar un rol protagónico y activo junto a los Municipios, ONGs y Asociaciones, requiriendo en su debido momento la evaluación e información sobre su cometido”, y posteriormente, “proyectar un nuevo diseño normativo para los entes reguladores de los servicios concesionados y/o privatizados con la misma finalidad expuesta, y poder discutir sobre los distintos temas que involucra como la calidad, eficacia, participación estatal, usuarios y comunas, tarifas, entre otras cuestiones”.
Por último, el diputado Juan Gobbi sentenció “consideramos imprescindible realizar una evaluación de la eficacia de las medidas que seguramente se han adoptado en nuestra jurisdicción provincial, para efectuar un seguimiento y proceder a ratificar o rectificar instrumentos de acción, convencidos que de nada sirve enunciar derechos si no son acompañados por las garantías, recursos y la acción del Estado que los tornen operativos”.
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