Preocupación por el mal estado de ruta provincial

El diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical, Juan A. Gobbi presentó un proyecto solicitando al gobierno de la provincia de Buenos Aires la “urgente” reparación de la Ruta Provincial N°20, “priorizando los sectores que la hacen hoy prácticamente intransitable para vehículos de carga y transporte de personas y automóviles”.

Asimismo, mediante un proyecto de solicitud de informes presentado el jueves 11 del corriente mes, el legislador radical planteó interrogantes referidos a los trabajos de mejoramiento de esta arteria crucial para las comunidades costeras de los actuales partidos de Magdalena, Punta Indio y la ciudad de Chascomús; y de suma importancia para varios parajes y pequeñas localidades que están en su recorrido o afectadas por ella como Don Cipriano, Vieytes, y Nueve de Julio.

En la iniciativa, el diputado radical pregunta cuáles son las acciones que tiene previsto emprender el gobierno bonaerense respecto de la reparación de la ruta provincial N° 20; y cuáles son los tiempos que supone como necesarios la autoridad de aplicación para conseguir que la misma esté operativa para ser utilizada por vehículos de carga, de transporte de personas o por automóviles.

Asimismo, el ejecutivo de la provincia de Buenos Aires deberá informar si se cuenta con respaldo presupuestario para la ejecución de los trabajos, si estos están en un lugar de importancia en el orden de sus prioridades; y en qué punto de la gestión se encuentra el proceso licitatorio de alcantarillas y alteo de calzada que se había comenzado en los primeros meses de 2009.

El vicepresidente III de la Cámara de diputados bonaerense denunció que “el estado de la ruta provincial N°20, que ha pasado en los últimos 20 años por diferentes etapas de atención responsable y de abandono casi total, está hoy quizá en su peor momento, con tramos que la hacen directamente intransitable”.

“Los esfuerzos y gestiones de algunos legisladores e Intendentes, hace un par de años, para que se observara la posibilidad de re-pavimentar la ruta N° 20 en el tramo de Magdalena - Chascomús y la pavimentación del resto hacia el oeste de la Provincia sólo parece haber arrancado la iniciativa de armar una suerte de pliego licitatorio para la colocación de nuevas alcantarillas y reparación o ampliación de las existentes, pero ha sido en apariencia postergado, dado que ha dejado de ser motivo de interés o mención por parte de las autoridades provinciales”, advirtió el diputado Juan Gobbi.

Para finalizar, el legislador de la quinta sección electoral sostuvo “se debe modificar este estado de inacción respecto de esta fundamental arteria provincial, es necesario que en este sector como en el resto del territorio bonaerense la red caminera colabore con los productores industriales, agropecuarios, turísticos y/o simplemente vecinos a mejorar la renta provincial y la calidad de vida de los bonaerenses”.

Rescatan el valor de la "libertad sindical"

Mediante un proyecto de Declaración, el diputado radical Juan A. Gobbi expresó su “beneplácito” por el criterio judicial mantenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad del artículo 52 de la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del artículo 52 de la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, el miércoles 9 de diciembre de 2009. La trabajadora reclamante, había sido objeto de una sanción disciplinaria de suspensión y del cambio de lugar de tareas, dispuestos por su empleadora, la Armada Argentina , y por ende, en su calidad parte actora recurrió a la justicia en defensa de sus derechos vulnerados.

La trabajadora en cuestión reclamó que las dos medidas fueran dejadas sin efecto ya que no habían contado con la previa autorización judicial, la cual era necesaria dada la tutela sindical de la que gozaba en su carácter de presidenta de la Asociación de Profesionales de la Salud del Hospital Naval (PROSANA), sindicato de primer grado simplemente inscripto.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó la demanda al considerar que, según el citado artículo 52, si en una misma actividad existe un sindicato con personería gremial y otro simplemente inscripto, sólo los representantes gremiales del primero están cubiertos por dicha tutela; en el caso, agregó, se daba esa situación, dada la presencia de la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA) como entidad de primer grado con personería gremial.

Contra ese pronunciamiento, la trabajadora interpuso un recurso extraordinario, que fue favorablemente acogido por la Corte Suprema la cual, como se indicó en forma precedente tuvo por inconstitucional el artículo 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales.

Según el vicepresidente III de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires “este fallo profundiza el camino sentado por la Corte un año atrás en el fallo "ATE", y amplía las garantías para que los trabajadores desarrollen su acción sindical de conformidad con los intereses que definan autónomamente”.

“La doctrina sentada en este caso – prosiguió - implica que los representantes de una asociación sindical simplemente inscripta, al igual que aquellos que cuentan con personería gremial, no podrán ser despedidos, suspendidos ni modificadas sus condiciones de trabajo”.

Seguidamente, el legislador radical aseguró que este nuevo fallo de la Corte “se trata de un reconocimiento de los cambios que actualmente están en marcha dentro de la estructura sindical, que se expresan en el surgimiento de nuevas organizaciones sindicales aún en la situaciones más hostiles”.

Para el diputado bonaerense “la Corte ha hecho mucho más que resolver un caso individual ya que sus argumentos se proyectan sobre numerosas disposiciones de la ley de asociaciones sindicales que han sido observadas reiteradamente por la Organización Internacional del Trabajo. Al mismo tiempo, permite prever que tanto la Corte como otros tribunales judiciales seguirán cuestionando la constitucionalidad de aquellas disposiciones de la ley 23.551 que han sido observadas por la OIT ”.

El diputado Juan Gobbi concluyó diciendo “para los trabajadores y sus organizaciones, este fallo amplía y fortalece la capacidad para definir estrategias de acción colectiva; y para los restantes poderes del Estado, constituye un señalamiento de la necesidad imperiosa de poner en debate las disposiciones de la ley 23.551 cuya constitucionalidad ha vuelto a ser cuestionada por el máximo tribunal de justicia de la Nación ”.

Argumentación de la UCR durante el tratamiento del proyecto de presupuesto 2010

No entraré en el análisis numérico, ni de los recursos, ni de los gastos; lo han hecho bien quienes me precedieron en el uso de la palabra, lo han fundamentado bien, se puede coincidir o no, pero está hecho y, por lo tanto, no vamos a caer en reiteraciones.
Sí vamos a decir, señor Presidente, que la provincia de Buenos Aires tiene un déficit estructural en lo económico, y también en lo financiero; tiene los dos déficit.
Esta provincia de Buenos Aires conoce su déficit hace muchísimos años; sin embargo, se ha resignado y ha decidido guarecerse en el paraguas del verticalismo estatal del Estado Nacional, que ha conformado un unitarismo fiscal realmente impresionante.
Ese unitarismo fiscal que se construye día a día, desde hace muchísimo tiempo, obliga a gobernadores a someterse a las decisiones del Estado Nacional, y también doblega a intendentes, porque requieren obra pública y no la pueden conseguir en otro lado.
En conclusión, señor Presidente, somos un país federal en lo institucional, pero absolutamente unitario en lo que significa la distribución de los recursos.
Construimos o constituimos esta Argentina allá por 1853 como una república representativa y federal. Obviamente, no ahondaré en el concepto de república, pero sí tocaré el tema federal y el de la representatividad.
En el tema federal, repito, hay un unitarismo exacerbado en el tema fiscal. El Estado Nacional absorbe la mayoría de la riqueza que generamos y los gobernadores deben ir, gorra en mano, a la Casa Rosada a pedir lo que por leyes especiales les están quitando desde 1991 y, en definitiva, nos dan un pedacito de lo que nos han quitado. El título sería "te regalo lo tuyo", porque, en definitiva, nos están dando lo que nos pertenece, y lo que sobra se lo dan a los intendentes.
Obviamente, señor Presidente, así no funciona, porque hay un momento en que esto se corta.
La verdad es que, señor Presidente, lo que estamos tratando hoy es el presupuesto 2010 y quería poner en contexto este instrumento tan fundamental y decir que este ejercicio 2009 era muy importante.
Tuvimos muchas reuniones de bloque, muchísimas, siguiendo lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. Acá se lo ha descripto, pero, lamentablemente, no se lo hizo con la profundidad debida.
Tenga en cuenta, señor Presidente, que a fines de 2009 vencen el impuesto a los bienes personales, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, el adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, el impuesto a la ganancia mínima presunta y el régimen simplificado para pequeños contribuyentes; entonces, seguimos la sesión, conseguimos la versión taquigráfica, también los 6 informes de la Cámara de Diputados de la Nación -ya que la Corte hizo referencia a 73 diputados, cuando tendría que haber hecho referencia a los diputados oficialistas que no estuvieron a la altura de las circunstancias-, seguimos todos los dictámenes, analizamos toda la cuestión y llegamos a las siguientes conclusiones.
Por ejemplo, los diputados oficialistas votaron, sin modificaciones, la prórroga de todos estos impuestos. ¿Cuánto significan estos impuestos? Más de 90.000.000.000 de pesos, el 35 por ciento de los recursos tributarios a nivel nacional. ¿Cuánto discutieron para solventar a esta Provincia o a otras? Nada, cero pesos.
Los diputados de Unión PRO aprobaron todas las prórrogas, la mayoría por 10 años y otras por 2, y el único planteo que existió fue el impuesto al cheque, deducido primero lo que va a cuenta de IVA y a cuenta de ganancias, y aplicable a los 180 días de su aprobación. La conclusión es que de los 1.660.000.000 que nos hubieran correspondido, Unión Pro discutió solamente 830.000.000. Otros dictámenes en minoría, como los de la Unión Cívica Radical, GEN, ARI, entre otros partidos, plantearon, en primer lugar, la distribución del 100 por ciento del Impuesto al Débito, contando, por supuesto, las cuestiones técnicas a las que hice referencia anteriormente.
Plantearon la restitución del 10 por ciento del Impuesto a las Ganancias, que el neto de los 650.000.000 son 5.250.000.000. Plantearon cortar con el aporte de la provincia de Buenos Aires a la ANSES, porque ya no es necesario, 4.700.000.000, y hay más para contar: el 2 por ciento de ganancias, etcétera. El total de lo que se planteó en los dictámenes en minoría es de 11.610.000.000.
Entonces, señor Presidente, queda claro que es posible que esta Provincia deje de ser deficitaria, pero es necesario que el esquema de representatividad se aplique a ultranza. Uno es representante del pueblo, representa a sus representados si defiende, específicamente, los intereses de los mismos; si no, simplemente, es un empleado del Estado Nacional, y creo que esta es una gran equivocación.
Decía, señor Presidente, que al analizar la cuestión, obviamente, la decisión de este bloque, lamentablemente, se fue haciendo más sencilla, porque, obviamente, la Unión Cívica Radical no solamente ha sido gobierno a nivel nacional y provincial, sino que también gobierna hoy cerca de 30 municipios, y hemos gobernado, otras veces, más de la mitad de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, señor Presidente, tenemos sentido de la gobernabilidad; por ello, entendemos lo que significa gobernar esta provincia de Buenos Aires y sus 134 municipios, y no vamos a impedir, de ninguna manera, que no se presten los servicios esenciales. No vamos a permitir que no se paguen los sueldos de los docentes, de los profesionales de la salud de los que están abarcados por la 10430 o de los empleados municipales. Vamos a hacer reflotar, en definitiva, con nuestro voto, a la Provincia y a los 134 municipios, con convicción y valentía.
Es por ello, que la síntesis que hago es la siguiente: en primer lugar, perdimos la oportunidad extraordinaria de lograr la mayor porción de renta para esta provincia de Buenos Aires, porque los diputados oficialistas mandaron a esta Provincia al desierto, sin agua y con “una lata de anchoas”. Esta es la verdad, señor Presidente.
En segundo lugar, no hay ningún mecanismo que podamos aprobar nosotros para sanear esta situación, desde el punto de vista fiscal. La reforma impositiva que se instrumentó hace poco tiempo, lamentablemente no fue debatida, y por ello, no obtuvo buenos resultados, porque el centro de esa reforma era el impuesto a las exportaciones e importaciones. Se llamaba, por ejemplo, “ingresos brutos sobre las toneladas”, algo muy original; y con respecto al impuesto inmobiliario, todos declaramos que estaba mal calculado. Por lo tanto, se plantó el oficialismo, se disciplinó, votó y al día siguiente tuvo que reformar lo que había votado, después de decirnos que “usamos el helicóptero”, entre otras cosas que nos han dicho siempre.
Parte de esa reforma ya la votamos -se eliminó el impuesto a los ingresos brutos a la tonelada-, y parte de la otra reforma se vota hoy juntamente con el presupuesto, por lo cual anticipamos también el voto negativo a la reforma del impuesto inmobiliario diciendo con claridad que cuando el oficialismo no escucha a las corporaciones esas nos vienen a ver a nosotros; después arreglan con el oficialismo y entonces no hay ni un golpe de teléfono. Digo esto para que les quede claro a algunos cómo son a veces las corporaciones y también algunos gremios.
En definitiva, quiero decir, señor Presidente, que votamos con responsabilidad y comparamos cuestiones comparables. No se pueden comparar cifras nominales; se las compara a valores corrientes o a valores constantes o se las compara en porcentajes y, obviamente, elegimos lo más fácil, las vamos a comparar en porcentajes.
Entonces, un porcentaje fue establecer los últimos 8 años –de 2003 a 2010- y calcular cuánto significa la deuda pública respecto de los ingresos totales de jurisdicción provincial más los de coparticipación.
Por ejemplo, en 2003 la deuda significaba el 237 por ciento de los recursos; en 2005, el 146 por ciento; en 2007, el 128 por ciento; en 2010, el 86 por ciento. Quiere decir que los recursos que generamos para el pago de la deuda se incrementan en mayor proporción que esta deuda. ¿Saben por qué? Porque, gracias a Dios, el 61 por ciento de la deuda está con el Estado Nacional que, en líneas generales, nos cobra el 6 por ciento y, obviamente, la inflación es del 18 por ciento; es decir, hay un repago automático vía devaluación de esa deuda.
También comparamos la deuda con el PBI provincial. En 2003 representaba el 21,57 por ciento; en 2005: 21,26; en 2007: 11,93 y hoy: 10,98. Es decir, estamos ahí. No es que estemos fantásticos, pero son elementos para tomar una decisión. Se podrá discutir un punto más o un punto menos. Nosotros discutimos con nuestros números que creemos lo hemos hecho a conciencia y con responsabilidad.
Ahora, nos preguntamos, señor Presidente, si estamos en condiciones de cambiar estas cosas. Obviamente, se nos pasó el tren con todos los vagones de la prórroga y de los impuestos que aquí se mencionan, un tren increíble, la gran oportunidad, miramos para el costado.
Entonces, volvamos muy brevemente al tema de la ANSES. Voy a hacer un resumen sobre lo que aportamos para la ANSES: el 10,3 por ciento de IVA; el 20 por ciento de ganancias y después el 15 por ciento de la masa coparticipable. No estoy tomando en cuenta otro montón de impuestos; estoy simplificando.
¿Por qué aportamos a la ANSES? Porque al oficialismo, allá por 1991, se le ocurrió decir: el Estado es ineficiente, vamos a crear las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Entonces, las creó y allí se nos fueron todos los contribuyentes, una masa enorme se fue a las AFJP. ¿Qué hacía el oficialismo? Aplaudía, aplaudía la privatización. Ahora el agujero que quedó en la ANSES era impresionante.
Y, entonces, ¿qué hicieron? Hicieron pactos federales, los más importantes en el ’91 y ’92, y nos quitaron estos fondos a los que yo hacía referencia: de IVA, de Ganancias y de la masa coparticipable.
Y yo voy a computar 17 años aunque podría computar 18 o 19 de aportes, y lo hago a valores corrientes, 4.680.000.000 por 17 años arroja la suma de 79.560.000.000 de pesos, muy superior a los 53 o 55.000.000.000 de pesos que debemos por todo concepto. ¡Vaya si es superior!
Ahora bien, señor Presidente, aplaudimos, entonces, la privatización y ahora decimos -y el mismo oficialismo lo dijo- : las AFJP son malas, perjudican al país, las vamos a reestatizar. Y entonces, ¿qué hicimos? Aplaudimos la reestatización. Los mismos que votaron la privatización aplauden la reestatización. Está todo bien.
Lo cierto es que cuando reestatizamos, ingresan a las arcas de la ANSES cerca de 94.500.000.000 de pesos. Esto surge de la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados de los bloques oficialistas y opositores. Es un dato oficial.
Y como los aportantes que estaban en el sector privado vuelven al sector público, vuelven a aportar a la ANSES, recobramos 14.000.000.000 de pesos anuales. Quiere decir que aquellos pactos dejan de tener importancia, porque hemos recobrado esta cantidad de aportantes que antes habíamos mandado a la parte privada.
Entonces, puedo decir, sin temor a equivocarme, que de los 14.000.000.000 de pesos que ingresan, el 21,5 por ciento son nuestros, con lo cual tenemos que reclamar 3.010.000.000. Si es menos que los 4.600, no importa, agarremos 3.000, porque esta es la cuestión. Esto es claro. Creo que no estoy dando números tan difíciles de entender.
En definitiva, señor Presidente, para ir abreviando, nosotros vamos a aprobar en general este proyecto de Presupuesto. Vamos a aprobar íntegramente el capítulo del crédito, vamos a votar en contra de la incorporación del IPS como lo hicimos el año pasado, con una fundamentación brillante de nuestro Presidente de bloque Ricardo Jano, por lo tanto no voy a ahondar en estos conceptos. Ya lo dijimos, lo hemos expresado, el IPS tiene rango constitucional y no tiene por qué estar acá adentro.
Y vamos a votar en particular, en contra de la delegación de facultades; artículos 16, 17, 18, 19 y 22; vamos a votar en contra de la utilización indebida de fondos, artículos 23 y 73. No vamos a convalidar algunos decretos, que todavía no están publicados, artículo 67 con sus correspondientes incisos. Pero fundamentalmente vamos a votar en contra, en particular, de lo que significa la rapiña a los municipios. Lo discutimos con Francisco La Porta, pero, evidentemente, no hay caso, es muy difícil discutir, son refractarios al cambio. Entonces, nos retienen a los municipios 65.000.000 de pesos para aplicarlos dentro del esquema de la Ley 13163.
Nos han quitado la participación del 50 por ciento del impuesto inmobiliario; hoy solamente tenemos el 32 por ciento. Nos han quitado la participación de la ganancia en el juego, que era del 26 por ciento y lo pasaron al 20 por ciento. Más otros despojos, porque nos quitan parte del Fondo Educativo.
Es cierto que hay otros fondos que nos van resarciendo, pero en definitiva, cuando uno va haciendo las cuentas, observa, por ejemplo, que un municipio del interior como 9 de Julio, pierde 2.300.000 pesos; Bragado, 1.905.000; Necochea, 1.558.000; Monte Hermoso, 500.000 pesos, etcétera. Entonces, debe quedar claro para qué lado votamos.
Para ir finalizando, señor Presidente, quería citar a un economista, de quien no recuerdo su apellido, pero escribió un artículo muy interesante donde, de alguna manera, pone blanco sobre negro en algunos aspectos de la política fiscal de la Argentina y su distribución.
Este artículo dice que allá por el año 1.200, el Rey Juan sin Tierra, de Inglaterra, después de varias guerras con sus vecinos quedó con sus arcas exhaustas. Entonces se le ocurrió aumentar los impuestos. Se juntaron los señores feudales, juntaron sus ejércitos, vencieron al Rey, y dictaron la Carta Magna, que tiene una frase fundamental que dice: "No se aplican impuestos sin el voto de los representantes".
De ahí en más, señor Presidente, desde los poderes absolutistas de las mismas tiranías, después de convertir a la República, siempre quedó en poder del Legislativo, la defensa de los bienes de sus habitantes, la no confiscatoriedad y, obviamente, la aplicación de impuestos.
Obviamente todo se fue desarrollando y no solamente el Legislativo tiene la obligación de legislar sobre los impuestos, debido al poder constitucional que tiene, sino que tiene la obligación de resguardar una distribución equitativa e impedir dobles imposiciones y una presión tributaria que sea asfixiante.
Daba un ejemplo de un profesional que cobraba 1.000 pesos, aplicaba el 21 por ciento de IVA, 1.210 pesos que depositaba en la cuenta corriente y le cobraban el 0,6 por ciento de impuesto a los débitos sobre el IVA y sobre el honorario; retiraba después esos 1.210 pesos y le volvían a cobrar el 0,6 por ciento sobre el IVA y sobre el honorario. Impuesto sobre impuesto; ocurre en la Argentina.
Entonces, esta presión impositiva, obviamente, genera menor inversión, menor productividad, saca gente del mercado formal y lo manda al mercado marginal, quedando unos pocos dentro del esquema formal, aguantando un gasto del Estado Nacional cada vez más pesado, que concentra los recursos, concentra el gasto y, entonces, él dice que esta gente es muy parecida a los siervos de la gleba de la Edad Media, que tenían que servir de por vida al rey. No eran esclavos, pero tampoco eran enteramente libres; era una mezcla. El rey era dueño de la vida, de la fortuna y de la libertad.
En definitiva, cuando uno evalúa lo que está ocurriendo con nuestras provincias, parecemos siervos de gleba del Estado Nacional y yo, realmente, pretendo otra cosa distinta y esto implica, obviamente, comenzar a discutir con profundidad.
Hemos planteado distintos proyectos a esta Cámara; hay proyectos para juntarnos diputados y senadores para discutir seriamente cómo salimos de esta cuestión. Están los proyectos presentados, pero duermen en la comisiones desde hace 6 años sin embargo, no se tratan.
Por eso digo -y para ir terminando-, señor Presidente, que es necesario poner blanco sobre negro, es necesario mirarse a los ojos, es necesario dialogar, es necesario buscar consensos y es necesario el cambio. El cambio es necesario para que esta Provincia preste mejores servicios, un cambio para que nuestros municipios puedan flotar y dar respuestas a los ciudadanos, un cambio para una mejor educación, salud, seguridad y obras públicas. En definitiva, un cambio para una mejor calidad de vida.
Muchas gracias.

Preocupación por demora de obras de infraestructura para escuela especial

El gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá explicar a la legislatura la demora observada en las obras de una escuela especial ubicada en la ciudad de Chascomús.
A raíz del retraso en las obras de infraestructura para la construcción de un edificio propio para la escuela N° 504 de la localidad bonaerense de Chascomús, el diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical, Juan A. Gobbi, presentó una iniciativa donde el ejecutivo de la provincia deberá dar cuenta de las causas de tal demora por parte de la empresa adjudicataria.
En el articulado del proyecto se pregunta cuál fue el criterio adoptado por la Comisión de Evaluación de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) para determinar la conveniencia de la oferta de la empresa adjudicataria, y a cuánto asciende el monto del adelanto financiero recibido.
Asimismo, se deberá presentar el plazo total de obra, el nivel de certificación que hay a la fecha y las razones que expone la empresa adjudicataria para justificar su inocultable retraso; cuál es la situación actual, en términos presupuestarios, de la Dirección de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Escuelas, en cuanto a sus posibilidades de afrontar eventuales nuevas certificaciones; y qué medidas prevé tomar la mencionada Dirección para subsanar las demoras de la ejecución de obra.
Cabe recordar que la Escuela de Educación Especial Nº 504 de Chascomús que trabaja con discapacitados motores, sensoriales y multimpedidos, funciona desde hace muchos años en un edificio cedido por la Municipalidad local, y “viene padeciendo una dinámica perversa de anuncios, promesas, marchas y contramarchas, con relación a la definitiva dotación de un inmueble con las características que debe reunir un edificio sede de un establecimiento escolar para niños con necesidades especiales”, sostuvo el diputado radical.
El legislador de la quinta sección electoral explicó que el establecimiento en cuestión, “debe desenvolverse en una pequeña vivienda adaptada, de dos plantas, comunicadas únicamente a través de una escalera exterior, con puertas, pisos y locales con niveles diferentes, y equipamiento absolutamente inadecuados para la movilidad y autonomía de la matricula de alumnos”.
Tras el llamado a licitación de la Dirección de Infraestructura Escolar dependiente de la Dirección General de Escuelas provincial, el adelanto a la empresa constructora, de acuerdo a lo que trascendió en medios periodísticos locales, fue de casi $ 1.000.000 y se cobró a fin del 2008, “en tanto se comenzó con la obra recién en el mes de marzo de 2009”, aseguró el diputado provincial Juan Gobbi.
Según el legislador bonaerense, a nivel construcción, “hasta ahora, lo único que se hizo fue el relleno y nivelado del terreno, dos terceras partes de las fundaciones, y se observa un proceso de ejecución a un ritmo absolutamente lento, denotando la empresa muy poco interés y/o posibilidades de aumentar la velocidad de obra”.
El diputado Juan Gobbi concluyó diciendo, “esta situación de casi inmovilidad de la obra hace que se reinstale el malhumor entre los miembros de la comunidad educativa chascomunense y regresen las sospechas de boicot y/o desinterés por parte de las autoridades provinciales, así como las dudas respecto de la capacidad técnica y operativa de la empresa adjudicataria”.

Preocupación por deuda con proveedores de comedores escolares

El diputado bonaerense de la UCR, Juan Gobbi, presentó un proyecto para que el gobierno de la provincia responda a interrogantes relacionados con la deuda que mantiene con proveedores de comedores escolares.

El ejecutivo de la provincia de Buenos Aires deberá contestar la cantidad de establecimientos educativos de gestión pública que se encuentran funcionando y prestan servicio de comedor escolar diario, como así también la matricula que registran y cantidad de beneficiarios.

Asimismo, el legislador consulta en su iniciativa cuál es el presupuesto anual 2009 destinado a financiar comedores escolares, la nómina de proveedores, consignando montos y porcentajes practicados.

El diputado radical opinó al respecto, “la profunda crisis que padece la provincia de Buenos Aires constituye una señal de alarma de las medidas que debe adoptar el gobernador Daniel Scioli en pos de amparar a quienes más lo necesitan y también a todos los bonaerenses que hacen el esfuerzo por contribuir con las arcas del estado provincial, pagando sus impuestos”.

“Mucho nos falta a los argentinos para desandar prácticas y metodologías de funcionamiento, y pelear por defender nuestra autonomía financiera e institucional como provincia, proponiendo alternativas de obtención de recursos”, agregó el diputado Gobbi.

Seguidamente, el legislador de la quinta sección electoral denunció “la provincia de Buenos Aires es objeto de discriminación en materia de redistribución de la recaudación nacional desde hace ya varios años. Las cifras actuales dejan a la provincia en inferioridad de condiciones si tenemos en cuenta que aporta a la nación casi el 38% del PBI y recibe sólo el 21.5% en concepto de recursos coparticipables”.

Además, recordó que “el 15 de agosto de 2007 presentamos una iniciativa, reproducida luego, donde se establecían distintas alternativas que harían posible cubrir el déficit provincial que se incrementaba a pasos agigantados, quedando paralizada la iniciativa en la comisión de Reforma Política de esta Honorable Cámara”.

Por último, Juan Gobbi resaltó “la preocupación que se reitera en materia de financiamiento de un sector especifico, y demostrado a través del incumplimiento del pago a proveedores de nuestra provincia que abastecen los comedores escolares y distintas áreas de salud”.

“Es tiempo de concertar una política seria e integral en materia de seguridad”

Por intermedio de un proyecto presentado en la legislatura bonaerense, el gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá responder inquietudes referidas a los foros vecinales y foros de seguridad municipales, contemplados en la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154).

De esta manera, el gobierno encabezado por Daniel Scioli, por intermedio del ministerio de Seguridad deberá informar la cantidad de Foros Vecinales que se encuentran inscriptos en el Registro obrante en esa repartición, y de Foros Municipales de Seguridad, discriminados por distrito.
Asimismo, en la iniciativa se solicita una breve reseña cronológica anual desde 1998 a la fecha, consignando la cantidad de instituciones, entidades intermedias u ONGs que integraron individualmente cada organismo; y sobre la participación formal e institucional de Concejales en ambos organismos según el registro existente, integrando en forma permanente los mismos, en función de cada municipio y partido político o agrupación que representa.
Por último, la iniciativa se pregunta sobre los resultados de los programas vigentes de capacitación de los integrantes de los Foros en materia de prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, comunicación institucional, planes de estudio y jornadas desarrolladas; y sobre las actas de constitución de la totalidad de los Foros Departamentales: representación institucional de cada uno de los miembros y resoluciones que de los mismos emanaron.
Cabe recordar que la vigencia de la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154) incluye la temática de organización y funcionamiento de los Foros de Seguridad, organismos que fueran creados –en la primera gestión ministerial de Carlos Arslanián- con la intención de generar instancias de participación y contralor ciudadano a la policía bonaerense.
En el mismo sentido, fueron pensados los Foros Departamentales, el Defensor de la Seguridad y el Consejo Provincial de Seguridad, con una pluralidad de integración “que no sólo dificulta su funcionamiento sino que se carece de conocimiento por su accionar y resultando razonable evaluar el balance de gestión hasta el presente”, aseguran los fundamentos de la iniciativa.
En su iniciativa, el diputado Juan Gobbi objetó la actual legislación en materia de seguridad, por la poca posibilidad de implementación práctica que tiene la misma en territorio bonaerense y, trasladando está inquietud a todas las medidas propuestas desde el Ministerio.
“No se puede traspolar desde una visión superestructural la organización de entidades y ONGS civiles con un sinnúmero de requisitos, exigencias y funciones estandarizadas para los 134 distritos de la Provincia de Buenos Aires, máxime si se tiene en cuenta el "estado de emergencia" de la seguridad pública que estableció para la provincia y sus instituciones el actual gobierno”, advirtió el legislador.
En este sentido, el diputado radical consideró que “se ratifica el nuevo avasallamiento a los Municipios y sus autonomías, subestimando la capacidad y facultad de cada comunidad para poder organizar estas instituciones, que deben ser creadas por los Concejos Deliberantes con un rol específico de prevención y difusión de derechos”.
Asimismo, el legislador bonaerense planteó que en la provincia de Buenos Aires, “se carece de una política razonable, consensuada e integral de seguridad pública”, y sentenció “es tiempo de concertar una política seria e integral en la materia, y es por ello que planteamos los interrogantes que forman parte de esta solicitud de informes”.

Promueven la utilización de energía solar en territorio bonaerense

En la cámara de Diputados bonaerense se presentó un proyecto de declaración a favor de que el Banco de la Provincia otorgue créditos con tasas y plazos preferenciales a quienes acrediten solicitarlo para la adquisición de sistemas de energía solar.
El diputado de la UCR, Juan A. Gobbi, presentó un proyecto instando al Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires a que lancen una línea de créditos con tasas y plazos preferenciales a quienes acrediten solicitarlo para la adquisición de sistemas de energía solar para edificaciones destinadas a viviendas, locales comerciales, y oficinas, entre otros.
En su iniciativa, el legislador destaca la generación de electricidad a través de la Energía Solar, que es “mucho más amigable con el medio ambiente, comprobadamente más eficaz y a lo largo del tiempo, muy económica”.
Juan Gobbi aclaró que a pesar de su escasa difusión, “existen en nuestro país, empresas que se dedican a instalar paneles para la energía solar y se ha extendido el uso en los últimos años de manera muy importante”.
Cabe recordar que la energía solar produce electricidad en forma directa. No hay piezas móviles, nada se consume, no se emite ningún gas ni productos químicos.
“La energía solar, para uso doméstico, no sólo resuelve el tema eléctrico sino que también puede utilizarse para artefactos que comúnmente funcionan a gas. Además resuelve problemas de distancia, ya que por ejemplo, aún hoy, existen muchas zonas rurales, dónde no llega la distribución de electricidad local” argumentó el diputado radical.
“En algunos países – prosiguió el legislador - se está propiciando desde el Estado la intervención de entidades de crédito con el propósito de incrementar las inversiones de particulares en la generación de energía eléctrica con paneles solares para lugares de requerimiento energético, y se lo hace con apalancamiento de los créditos sobre el bien inmueble, esto es hipotecarios, el que a su vez puede ser transferido de titular si este es vendido”.
Seguidamente, el ex intendente de Chascomús explicó que dado el hecho que “la inversión tiene una tasa de retorno menor a lo que un crédito corriente podría ofrecer, por lo que sólo sí esto es alentado desde algún órgano de crédito de manera preferencial sería viable para quienes estuvieran interesados en afrontar la tarea”.
En cuanto a lo que ocurre en territorio bonaerense, donde “nada alcanza para satisfacer el consumo infinito de electricidad”, el diputado Juan Gobbi opinó que es importante analizar la posibilidad de generar electricidad a través de energía solar, y “de comprobarse la viabilidad, se transforme nuestro banco provincial en una herramienta ejemplar en la búsqueda de alternativas energéticas amigables con el ambiente”.