Dudas en torno al servicio privado de control de licencias médicas de docentes y auxiliares

La Cámara de Diputados bonaerense aprobó sobre tablas una iniciativa por la que se pretende obtener información sobre el mecanismo de contrato de la empresa dedicada al control de licencias médicas de docentes y auxiliares de la provincia de Buenos Aires.

En el proyecto de solicitud de informes presentado por el diputado bonaerense de la UCR, Juan Gobbi, se pregunta cuál fue el mecanismo por el cual la empresa “Dienst Consulting” fue contratada para prestar los servicio de control de licencias médicas de docentes y auxiliares en la Provincia.
Es importante destacar que hasta antes de la puesta en práctica de este sistema, gran parte del servicio era prestado por el propio Estado bonaerense a través de los empleados del área de Reconocimientos Médicos. Además, artículos periodísticos han señalado que existen diversos municipios en donde se registran irregularidades debido al deficiente servicio que presta esta compañía con sede en la localidad de Bahía Blanca.
Asimismo, en el proyecto se consulta si para la contratación de la empresa medió licitación, y en el caso de que la misma se haya efectuado, se pide el detalle de las otras empresas licitantes, y los motivos y fundamentos por los cuales se escogió a “Dienst Consulting” por sobre el resto de los candidatos.
Por último, el gobierno bonaerense deberá entregar el contrato que liga a la empresa “Dienst Consulting” con la provincia de Buenos Aires, e informar qué mecanismo u órgano es responsable del control sobre el cumplimiento de las obligaciones contraídas para el normal y eficiente funcionamiento de sus servicios.
“El hecho de que el control de otorgamiento de licencias a docentes y auxiliares se lo haya transferido a la empresa “Dienst Consulting”, hace necesario llevar un control efectivo sobre el desempeño de dicha empresa”, aseveró el vicepresidente III de la Cámara baja bonaerense. “La provincia de Buenos Aires – prosiguió - debe comprometerse con el trabajador docente y no es asunto menor la cuestión relacionada con el otorgamiento de licencias, porque se encuentra en juego la salud del maestro”.
Seguidamente, Juan Gobbi recordó que “es un derecho de todo trabajador recurrir a licencias médicas para proteger su salud, y el Gobierno, a través de sus organismos respectivos, tiene la responsabilidad de realizar un seguimiento detallado y constante”.
Por último, el diputado radical hizo mención a otra cuestión también importante en discusión, que se refiere a la política que lleva adelante el gobierno de la Provincia con respecto a la terciarización de servicios, “esto implica a los organismos de contralor sobre las empresas que son contratadas, sobre el desempeño de sus funciones en la implementación de sus servicios, los que debe seguirse de cerca y evaluar su efectividad, atento a que puede generar un incremento en los gastos del Estado que no se vea reflejado en la efectividad de los mismos”, concluyó.

Buscan fortalecer el servicio de Justicia en Chascomús

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Juan Alberto Gobbi, presentó un proyecto de ley solicitando la modificación parcial del artículo 8 de la Ley 5827 -Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo la radicación de órganos y funcionarios judiciales con competencia penal en la ciudad de Chascomús.

La iniciativa persigue una modificación parcial del artículo 8 de la Ley 5827 -Ley Orgánica del Poder Judicial-, estableciendo la radicación de órganos y funcionarios judiciales con competencia penal en la ciudad de Chascomús.
El legislador pretende reformar la norma que corresponde al Departamento Judicial Dolores, y al mismo pertenece la ciudad mencionada, "y se enmarca en dotar de un servicio a una comunidad que la requiere con suma e imperiosa necesidad".
De hacerse realidad la descentralización a Chascomús tendrán su asiento en esa ciudad, un Juez de Garantías, Agente Fiscal y Defensor Oficial con competencia en lo Criminal y Correccional.
El diputado Gobbi señaló al respecto, "la complejidad de una población creciente, su características y extensión territorial, y diversos aspectos ligados a índices destacados de criminalidad, ameritan la radicación de los funcionarios propuestos".
Seguidamente, el legislador bonaerense indicó "buscamos responder de forma más eficiente a la compleja realidad actual, de un distrito del interior muy cercano al conurbano bonaerense, con características delictuales que guardan similitud y requiere de la atención del Estado".
El vicepresidente III de la Cámara de Diputados bonaerense argumentó "propiciamos la radicación para favorecer los principios de inmediación y descentralización de la gestión, entendiendo que la reforma no implica costos importantes para el erario público provincial y asimismo la estructura institucional del distrito la receptará con el correspondiente tratamiento normativo".
"Podrán esgrimirse argumentos técnicos –prosiguió el legislador- que supeditan la creación de una estructura judicial como la propuesta, al estudio y evaluación de la Comisión Especial creada en el ámbito del Ministerio de Justicia, pero también es un dato de la realidad que primaron excepciones durante todo este tiempo. Excepciones por las que "alguien" deberá hacerse cargo".
Y por último, agregó "la necesidad de respuesta a los justiciables, víctimas y damnificados de nuestras comunidades no resiste argumentos técnicos ni excusas banales, porque se sabe fehacientemente que localidades con menor complejidad y estadística delictual y menor población que Chascomús han sido favorecidas con la designación de funcionarios con competencia penal".

“Es fundamental determinar políticas públicas de cuidado del medio ambiente”

En la Cámara de Diputados bonaerense se presentó un proyecto de solicitud de informes, donde se plantean interrogantes con respecto de registro de los “activos y pasivos ambientales de la Provincia”.

Concretamente, la iniciativa aprobada sobre tablas en la última sesión pregunta si se encuentra a disposición de la administración provincial una base de datos en la que estén inventariados los actuales activos y pasivos ambientales de la provincia de Buenos Aires; si efectivamente ello ha ocurrido, el proyecto interroga sobre el grado de actualización tienen los mismos y qué área es la que está a cargo de su administración.
Cabe recordar que los activos ambientales son las aplicaciones en medios patrimoniales que son utilizados para la preservación o recuperación del medio ambiente natural o los bienes disponibles de las empresas o el Estado que sirven para la preservación, protección y recuperación del medio ambiente natural, las máquinas e instalaciones que posibilitan la reducción de la contaminación ambiental; mientras que son pasivos ambientales las obligaciones con terceros a corto y a largo plazo para aplicaciones en la naturaleza para minimizar los daños causados por el proceso productivo de la empresa o del Estado en el entorno ecológico. La contaminación del suelo y de las aguas subterráneas son dos de los más graves y habituales pasivos ambientales.
Dicho de otra manera: el pasivo es el daño o pérdida que se ha provocado al ambiente y debe ser reparado, mientras que activo es aquello que aún se mantiene con poco o ningún daño, es importante su preservación y por ello digno de ser atendido y cuidado por el hombre.
El vicepresidente III de la Cámara de Diputados indicó al respecto, “existen cambios climáticos que por momentos se hacen absolutamente visibles y con consecuencias negativas para los hombres, dado que básicamente modifican las condiciones del lugar en el que éste se desenvuelve, y requiere de él una adaptación que es inexorablemente traumática”.
“Las modificaciones de las temperaturas, regímenes pluviales, intensidades en los vientos, alteraciones de costas marinas, desertificación de algunas áreas y transformación de otras hoy áridas en humedales a futuro, permiten vislumbrar qué clase de actividad productiva o de cualquier otro tipo será conveniente propiciar y cuál otra será imposible de afrontar con posibilidades de éxito”, explicó Juan Gobbi.
Seguidamente, manifestó, “para comenzar una tarea preventiva de esta envergadura es imprescindible contar con una acabado inventario de pasivos y activos ambientales, información con la que luego se podrá determinar políticas públicas de protección, incentivo o modificación de actividades de todo tipo que se estén desarrollando en la actualidad o que se prevea realizar en el futuro. Sin estos datos cualquier previsión será poco seria y azarosa”.
“Sin ellos cualquier inversión importante en determinadas zonas puede ser un gasto de recursos sin posibilidades de retorno de la inversión, o peor aún, la responsable de un negativo impacto al ambiente en una zona que podría haber sido propicia para la vida silvestre. Concretamente, será fundamental tener los elementos para el análisis y con ello evitar la pérdida de oportunidades a los bonaerenses o el malgasto de sus recursos y expectativas”, concluyó el diputado Gobbi.