El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Juan Gobbi, presentó un proyecto de solicitud de informes mediante el cual el gobierno bonaerense deberá dar cuenta sobre la vigencia y funcionamiento de la “Policía Comunal” y las “Policías Distritales de Seguridad”.
En su iniciativa, el legislador pide que se indique la cantidad de Municipios que han adherido a la Policía Comunal (Ley 13.210), y cuántos a la Policía Distrital (Resolución Nº 1625/04); Si en el proceso de aprobación de los convenios de adhesión a la Policía Comunal intervinieron ambos departamentos municipales, y dónde tuvo su origen la normativa de referencia; y la mención de datos completos del legajo profesional de cada funcionario –Capitán o Inspector- a cargo de cada “Policía Comunal” y “Policía Distrital” del interior de la provincia, domicilio real y antigüedad en el mismo; y si cada Jefe Policial ha cumplimentado la presentación de Declaración Jurada de Bienes y Certificado de Reincidencia o Antecedentes Penales.
Además, solicita al gobierno provincial información sobre la previsión presupuestaria para asignar a las Policías Comunales de cada distrito durante el presente ejercicio, y las transferencias de partidas para responder a sueldos, horas Cores u otros servicios extraordinarios, mantenimiento de vehículos o su reparación, combustible, refacción de edificios, entre otros conceptos.
El diputado Gobbi hizo hincapié en la falta de consenso o planificación que correspondería a una seria política de Estado en la implementación de la reforma policial. Según el legislador, las reformas en materia de seguridad implementadas por los gobiernos peronistas “carecen de consensos en amplios sectores políticos y sociales de nuestra provincia”.
“Los Municipios que han adherido al régimen de la Policía Comunal (Ley 13.210) o Policía Distrital de Seguridad (Resolución Nº 1625/04), sufren una infundada discriminación recibiendo la responsabilidad en materia de seguridad ciudadana de la noche a la mañana, y ello sin contemplar parámetros o criterios poblaciones, estadística delictual y, en todos los casos, la reforma policial instaurada constituye un retroceso más en función de la anhelada autonomía municipal”, agregó Juan Gobbi.
A criterio del ex intendente de Chascomús, la nueva estructura policial “tiene como único objeto deslindar responsabilidades propias del Poder Ejecutivo Provincial, como brindar el servicio de seguridad pública, en los Municipios, y sin marcos referenciales ni consensos a la vista, persistiendo innumerables interrogantes que surgen de una desprolija e incompleta legislación”.
Con respecto a este último tema, en los fundamentos de la iniciativa se detalla que el análisis de las disposiciones normativas arrojan una innumerable cantidad de dudas o vacíos legales preocupantes, y si bien algunas fueron planteadas, otras tienen que ver con la responsabilidad legal que podría surgir para los municipios y/o a sus funcionarios por los eventuales perjuicios que puede ocasionar el accionar de la nueva fuerza, y la consiguiente carga para los contribuyentes que soportarán la responsabilidad con un notable incremento de las Tasas municipales.
El legislador denunció el retroceso de la anhelada autonomía municipal, y “la creación de esta figura profundiza el tratamiento desigual que han merecido los partidos del interior con respecto a los del conurbano bonaerense, dejando a los integrantes de la actual policía en los primeros, reclutando nuevo personal para el Gran Buenos Aires a través de la llamada Policía 2 y creando allí o en el interior también posteriormente, las policías distritales”.
Por último, el diputado Juan Gobbi consideró razonable “reparar la falta de dialogo y la necesaria construcción de una política de Estado en materia de seguridad, en dónde tanto la oposición como los municipios no pueden considerarse incluidos en la política de seguridad vigente.”
