La Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de solicitud de informes referido a la Ley 12.154 (Seguridad Pública).
En la iniciativa presentada por el diputado de la UCR Juan Gobbi se solicita al gobierno bonaerense, a través del Ministerio de Seguridad, que informe la cantidad de Foros Vecinales que se encuentran inscriptos en el Registro obrante en esa repartición, y consulta acerca de la existencia de Foros Municipales de Seguridad en cada distrito.
En cuanto a la participación formal e institucional de Concejales en ambos organismos, consulta sobre la integración de los mismos, en función de cada municipio y partido político o agrupación que representa; y los mecanismos de contralor, fiscalización y capacitación de los integrantes de los Foros puestos en práctica, determinando programas de trabajo, área involucrada y presupuesto destinado al efecto.
El Ministerio de Seguridad de la Provincia deberá informar sobre los resultados de los programas vigentes de capacitación de los integrantes de los Foros en materia de prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, comunicación institucional, planes de estudio y jornadas desarrolladas.
Por último, el Vicepresidente III de la Cámara baja pretender averiguar sobre las actividades desarrolladas hasta el presente por el Consejo Provincial de Seguridad, solicitando una breve síntesis del programa de acción y contenido de los actos administrativos emitidos.
En los fundamentos del proyecto se señalan dos objeciones. Una que tiene que ver con la implementación práctica en territorio de la norma de seguridad pública (Ley 12.154) y de todas las medidas propuestas desde el Ministerio. “No se puede traspolar desde "el laboratorio" o desde una visión superestructural, la organización de entidades y ONGS civiles con un sinnúmero de requisitos, exigencias y funciones estandarizadas para los 134 distritos de la Provincia de Buenos Aires”, y se agrega que con esta medida “se ratifica el nuevo avasallamiento a los Municipios y sus autonomías, subestimando la capacidad y facultad de cada comunidad para poder organizar estas instituciones, que deben ser creadas por los Concejos Deliberantes con un rol específico de prevención y difusión de derechos”.
La segunda objeción trazada “implica ir al fondo de la cuestión y plantear en forma terminante que se carece de una política razonable, consensuada e integral en materia de seguridad pública”. “Aunque pudiera mostrarse algún rédito a través de una "movida mediática o estadística del delito" nos oponemos a este modelo con la responsabilidad de denunciar su fracaso, y precedentes sobran”, advirtió el diputado Gobbi.
Por último, el legislador bonaerense sentenció, “es tiempo de concertar una política seria e integral en la materia, y es por ello que planteamos los interrogantes que forman parte de esta solicitud de informes”.
