Argumentación de la UCR durante el tratamiento del proyecto de presupuesto 2010

No entraré en el análisis numérico, ni de los recursos, ni de los gastos; lo han hecho bien quienes me precedieron en el uso de la palabra, lo han fundamentado bien, se puede coincidir o no, pero está hecho y, por lo tanto, no vamos a caer en reiteraciones.
Sí vamos a decir, señor Presidente, que la provincia de Buenos Aires tiene un déficit estructural en lo económico, y también en lo financiero; tiene los dos déficit.
Esta provincia de Buenos Aires conoce su déficit hace muchísimos años; sin embargo, se ha resignado y ha decidido guarecerse en el paraguas del verticalismo estatal del Estado Nacional, que ha conformado un unitarismo fiscal realmente impresionante.
Ese unitarismo fiscal que se construye día a día, desde hace muchísimo tiempo, obliga a gobernadores a someterse a las decisiones del Estado Nacional, y también doblega a intendentes, porque requieren obra pública y no la pueden conseguir en otro lado.
En conclusión, señor Presidente, somos un país federal en lo institucional, pero absolutamente unitario en lo que significa la distribución de los recursos.
Construimos o constituimos esta Argentina allá por 1853 como una república representativa y federal. Obviamente, no ahondaré en el concepto de república, pero sí tocaré el tema federal y el de la representatividad.
En el tema federal, repito, hay un unitarismo exacerbado en el tema fiscal. El Estado Nacional absorbe la mayoría de la riqueza que generamos y los gobernadores deben ir, gorra en mano, a la Casa Rosada a pedir lo que por leyes especiales les están quitando desde 1991 y, en definitiva, nos dan un pedacito de lo que nos han quitado. El título sería "te regalo lo tuyo", porque, en definitiva, nos están dando lo que nos pertenece, y lo que sobra se lo dan a los intendentes.
Obviamente, señor Presidente, así no funciona, porque hay un momento en que esto se corta.
La verdad es que, señor Presidente, lo que estamos tratando hoy es el presupuesto 2010 y quería poner en contexto este instrumento tan fundamental y decir que este ejercicio 2009 era muy importante.
Tuvimos muchas reuniones de bloque, muchísimas, siguiendo lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. Acá se lo ha descripto, pero, lamentablemente, no se lo hizo con la profundidad debida.
Tenga en cuenta, señor Presidente, que a fines de 2009 vencen el impuesto a los bienes personales, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los créditos y débitos bancarios, el adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, la contribución especial sobre el capital de las cooperativas, el impuesto a la ganancia mínima presunta y el régimen simplificado para pequeños contribuyentes; entonces, seguimos la sesión, conseguimos la versión taquigráfica, también los 6 informes de la Cámara de Diputados de la Nación -ya que la Corte hizo referencia a 73 diputados, cuando tendría que haber hecho referencia a los diputados oficialistas que no estuvieron a la altura de las circunstancias-, seguimos todos los dictámenes, analizamos toda la cuestión y llegamos a las siguientes conclusiones.
Por ejemplo, los diputados oficialistas votaron, sin modificaciones, la prórroga de todos estos impuestos. ¿Cuánto significan estos impuestos? Más de 90.000.000.000 de pesos, el 35 por ciento de los recursos tributarios a nivel nacional. ¿Cuánto discutieron para solventar a esta Provincia o a otras? Nada, cero pesos.
Los diputados de Unión PRO aprobaron todas las prórrogas, la mayoría por 10 años y otras por 2, y el único planteo que existió fue el impuesto al cheque, deducido primero lo que va a cuenta de IVA y a cuenta de ganancias, y aplicable a los 180 días de su aprobación. La conclusión es que de los 1.660.000.000 que nos hubieran correspondido, Unión Pro discutió solamente 830.000.000. Otros dictámenes en minoría, como los de la Unión Cívica Radical, GEN, ARI, entre otros partidos, plantearon, en primer lugar, la distribución del 100 por ciento del Impuesto al Débito, contando, por supuesto, las cuestiones técnicas a las que hice referencia anteriormente.
Plantearon la restitución del 10 por ciento del Impuesto a las Ganancias, que el neto de los 650.000.000 son 5.250.000.000. Plantearon cortar con el aporte de la provincia de Buenos Aires a la ANSES, porque ya no es necesario, 4.700.000.000, y hay más para contar: el 2 por ciento de ganancias, etcétera. El total de lo que se planteó en los dictámenes en minoría es de 11.610.000.000.
Entonces, señor Presidente, queda claro que es posible que esta Provincia deje de ser deficitaria, pero es necesario que el esquema de representatividad se aplique a ultranza. Uno es representante del pueblo, representa a sus representados si defiende, específicamente, los intereses de los mismos; si no, simplemente, es un empleado del Estado Nacional, y creo que esta es una gran equivocación.
Decía, señor Presidente, que al analizar la cuestión, obviamente, la decisión de este bloque, lamentablemente, se fue haciendo más sencilla, porque, obviamente, la Unión Cívica Radical no solamente ha sido gobierno a nivel nacional y provincial, sino que también gobierna hoy cerca de 30 municipios, y hemos gobernado, otras veces, más de la mitad de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, señor Presidente, tenemos sentido de la gobernabilidad; por ello, entendemos lo que significa gobernar esta provincia de Buenos Aires y sus 134 municipios, y no vamos a impedir, de ninguna manera, que no se presten los servicios esenciales. No vamos a permitir que no se paguen los sueldos de los docentes, de los profesionales de la salud de los que están abarcados por la 10430 o de los empleados municipales. Vamos a hacer reflotar, en definitiva, con nuestro voto, a la Provincia y a los 134 municipios, con convicción y valentía.
Es por ello, que la síntesis que hago es la siguiente: en primer lugar, perdimos la oportunidad extraordinaria de lograr la mayor porción de renta para esta provincia de Buenos Aires, porque los diputados oficialistas mandaron a esta Provincia al desierto, sin agua y con “una lata de anchoas”. Esta es la verdad, señor Presidente.
En segundo lugar, no hay ningún mecanismo que podamos aprobar nosotros para sanear esta situación, desde el punto de vista fiscal. La reforma impositiva que se instrumentó hace poco tiempo, lamentablemente no fue debatida, y por ello, no obtuvo buenos resultados, porque el centro de esa reforma era el impuesto a las exportaciones e importaciones. Se llamaba, por ejemplo, “ingresos brutos sobre las toneladas”, algo muy original; y con respecto al impuesto inmobiliario, todos declaramos que estaba mal calculado. Por lo tanto, se plantó el oficialismo, se disciplinó, votó y al día siguiente tuvo que reformar lo que había votado, después de decirnos que “usamos el helicóptero”, entre otras cosas que nos han dicho siempre.
Parte de esa reforma ya la votamos -se eliminó el impuesto a los ingresos brutos a la tonelada-, y parte de la otra reforma se vota hoy juntamente con el presupuesto, por lo cual anticipamos también el voto negativo a la reforma del impuesto inmobiliario diciendo con claridad que cuando el oficialismo no escucha a las corporaciones esas nos vienen a ver a nosotros; después arreglan con el oficialismo y entonces no hay ni un golpe de teléfono. Digo esto para que les quede claro a algunos cómo son a veces las corporaciones y también algunos gremios.
En definitiva, quiero decir, señor Presidente, que votamos con responsabilidad y comparamos cuestiones comparables. No se pueden comparar cifras nominales; se las compara a valores corrientes o a valores constantes o se las compara en porcentajes y, obviamente, elegimos lo más fácil, las vamos a comparar en porcentajes.
Entonces, un porcentaje fue establecer los últimos 8 años –de 2003 a 2010- y calcular cuánto significa la deuda pública respecto de los ingresos totales de jurisdicción provincial más los de coparticipación.
Por ejemplo, en 2003 la deuda significaba el 237 por ciento de los recursos; en 2005, el 146 por ciento; en 2007, el 128 por ciento; en 2010, el 86 por ciento. Quiere decir que los recursos que generamos para el pago de la deuda se incrementan en mayor proporción que esta deuda. ¿Saben por qué? Porque, gracias a Dios, el 61 por ciento de la deuda está con el Estado Nacional que, en líneas generales, nos cobra el 6 por ciento y, obviamente, la inflación es del 18 por ciento; es decir, hay un repago automático vía devaluación de esa deuda.
También comparamos la deuda con el PBI provincial. En 2003 representaba el 21,57 por ciento; en 2005: 21,26; en 2007: 11,93 y hoy: 10,98. Es decir, estamos ahí. No es que estemos fantásticos, pero son elementos para tomar una decisión. Se podrá discutir un punto más o un punto menos. Nosotros discutimos con nuestros números que creemos lo hemos hecho a conciencia y con responsabilidad.
Ahora, nos preguntamos, señor Presidente, si estamos en condiciones de cambiar estas cosas. Obviamente, se nos pasó el tren con todos los vagones de la prórroga y de los impuestos que aquí se mencionan, un tren increíble, la gran oportunidad, miramos para el costado.
Entonces, volvamos muy brevemente al tema de la ANSES. Voy a hacer un resumen sobre lo que aportamos para la ANSES: el 10,3 por ciento de IVA; el 20 por ciento de ganancias y después el 15 por ciento de la masa coparticipable. No estoy tomando en cuenta otro montón de impuestos; estoy simplificando.
¿Por qué aportamos a la ANSES? Porque al oficialismo, allá por 1991, se le ocurrió decir: el Estado es ineficiente, vamos a crear las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Entonces, las creó y allí se nos fueron todos los contribuyentes, una masa enorme se fue a las AFJP. ¿Qué hacía el oficialismo? Aplaudía, aplaudía la privatización. Ahora el agujero que quedó en la ANSES era impresionante.
Y, entonces, ¿qué hicieron? Hicieron pactos federales, los más importantes en el ’91 y ’92, y nos quitaron estos fondos a los que yo hacía referencia: de IVA, de Ganancias y de la masa coparticipable.
Y yo voy a computar 17 años aunque podría computar 18 o 19 de aportes, y lo hago a valores corrientes, 4.680.000.000 por 17 años arroja la suma de 79.560.000.000 de pesos, muy superior a los 53 o 55.000.000.000 de pesos que debemos por todo concepto. ¡Vaya si es superior!
Ahora bien, señor Presidente, aplaudimos, entonces, la privatización y ahora decimos -y el mismo oficialismo lo dijo- : las AFJP son malas, perjudican al país, las vamos a reestatizar. Y entonces, ¿qué hicimos? Aplaudimos la reestatización. Los mismos que votaron la privatización aplauden la reestatización. Está todo bien.
Lo cierto es que cuando reestatizamos, ingresan a las arcas de la ANSES cerca de 94.500.000.000 de pesos. Esto surge de la versión taquigráfica de la Cámara de Diputados de los bloques oficialistas y opositores. Es un dato oficial.
Y como los aportantes que estaban en el sector privado vuelven al sector público, vuelven a aportar a la ANSES, recobramos 14.000.000.000 de pesos anuales. Quiere decir que aquellos pactos dejan de tener importancia, porque hemos recobrado esta cantidad de aportantes que antes habíamos mandado a la parte privada.
Entonces, puedo decir, sin temor a equivocarme, que de los 14.000.000.000 de pesos que ingresan, el 21,5 por ciento son nuestros, con lo cual tenemos que reclamar 3.010.000.000. Si es menos que los 4.600, no importa, agarremos 3.000, porque esta es la cuestión. Esto es claro. Creo que no estoy dando números tan difíciles de entender.
En definitiva, señor Presidente, para ir abreviando, nosotros vamos a aprobar en general este proyecto de Presupuesto. Vamos a aprobar íntegramente el capítulo del crédito, vamos a votar en contra de la incorporación del IPS como lo hicimos el año pasado, con una fundamentación brillante de nuestro Presidente de bloque Ricardo Jano, por lo tanto no voy a ahondar en estos conceptos. Ya lo dijimos, lo hemos expresado, el IPS tiene rango constitucional y no tiene por qué estar acá adentro.
Y vamos a votar en particular, en contra de la delegación de facultades; artículos 16, 17, 18, 19 y 22; vamos a votar en contra de la utilización indebida de fondos, artículos 23 y 73. No vamos a convalidar algunos decretos, que todavía no están publicados, artículo 67 con sus correspondientes incisos. Pero fundamentalmente vamos a votar en contra, en particular, de lo que significa la rapiña a los municipios. Lo discutimos con Francisco La Porta, pero, evidentemente, no hay caso, es muy difícil discutir, son refractarios al cambio. Entonces, nos retienen a los municipios 65.000.000 de pesos para aplicarlos dentro del esquema de la Ley 13163.
Nos han quitado la participación del 50 por ciento del impuesto inmobiliario; hoy solamente tenemos el 32 por ciento. Nos han quitado la participación de la ganancia en el juego, que era del 26 por ciento y lo pasaron al 20 por ciento. Más otros despojos, porque nos quitan parte del Fondo Educativo.
Es cierto que hay otros fondos que nos van resarciendo, pero en definitiva, cuando uno va haciendo las cuentas, observa, por ejemplo, que un municipio del interior como 9 de Julio, pierde 2.300.000 pesos; Bragado, 1.905.000; Necochea, 1.558.000; Monte Hermoso, 500.000 pesos, etcétera. Entonces, debe quedar claro para qué lado votamos.
Para ir finalizando, señor Presidente, quería citar a un economista, de quien no recuerdo su apellido, pero escribió un artículo muy interesante donde, de alguna manera, pone blanco sobre negro en algunos aspectos de la política fiscal de la Argentina y su distribución.
Este artículo dice que allá por el año 1.200, el Rey Juan sin Tierra, de Inglaterra, después de varias guerras con sus vecinos quedó con sus arcas exhaustas. Entonces se le ocurrió aumentar los impuestos. Se juntaron los señores feudales, juntaron sus ejércitos, vencieron al Rey, y dictaron la Carta Magna, que tiene una frase fundamental que dice: "No se aplican impuestos sin el voto de los representantes".
De ahí en más, señor Presidente, desde los poderes absolutistas de las mismas tiranías, después de convertir a la República, siempre quedó en poder del Legislativo, la defensa de los bienes de sus habitantes, la no confiscatoriedad y, obviamente, la aplicación de impuestos.
Obviamente todo se fue desarrollando y no solamente el Legislativo tiene la obligación de legislar sobre los impuestos, debido al poder constitucional que tiene, sino que tiene la obligación de resguardar una distribución equitativa e impedir dobles imposiciones y una presión tributaria que sea asfixiante.
Daba un ejemplo de un profesional que cobraba 1.000 pesos, aplicaba el 21 por ciento de IVA, 1.210 pesos que depositaba en la cuenta corriente y le cobraban el 0,6 por ciento de impuesto a los débitos sobre el IVA y sobre el honorario; retiraba después esos 1.210 pesos y le volvían a cobrar el 0,6 por ciento sobre el IVA y sobre el honorario. Impuesto sobre impuesto; ocurre en la Argentina.
Entonces, esta presión impositiva, obviamente, genera menor inversión, menor productividad, saca gente del mercado formal y lo manda al mercado marginal, quedando unos pocos dentro del esquema formal, aguantando un gasto del Estado Nacional cada vez más pesado, que concentra los recursos, concentra el gasto y, entonces, él dice que esta gente es muy parecida a los siervos de la gleba de la Edad Media, que tenían que servir de por vida al rey. No eran esclavos, pero tampoco eran enteramente libres; era una mezcla. El rey era dueño de la vida, de la fortuna y de la libertad.
En definitiva, cuando uno evalúa lo que está ocurriendo con nuestras provincias, parecemos siervos de gleba del Estado Nacional y yo, realmente, pretendo otra cosa distinta y esto implica, obviamente, comenzar a discutir con profundidad.
Hemos planteado distintos proyectos a esta Cámara; hay proyectos para juntarnos diputados y senadores para discutir seriamente cómo salimos de esta cuestión. Están los proyectos presentados, pero duermen en la comisiones desde hace 6 años sin embargo, no se tratan.
Por eso digo -y para ir terminando-, señor Presidente, que es necesario poner blanco sobre negro, es necesario mirarse a los ojos, es necesario dialogar, es necesario buscar consensos y es necesario el cambio. El cambio es necesario para que esta Provincia preste mejores servicios, un cambio para que nuestros municipios puedan flotar y dar respuestas a los ciudadanos, un cambio para una mejor educación, salud, seguridad y obras públicas. En definitiva, un cambio para una mejor calidad de vida.
Muchas gracias.

Preocupación por demora de obras de infraestructura para escuela especial

El gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá explicar a la legislatura la demora observada en las obras de una escuela especial ubicada en la ciudad de Chascomús.
A raíz del retraso en las obras de infraestructura para la construcción de un edificio propio para la escuela N° 504 de la localidad bonaerense de Chascomús, el diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical, Juan A. Gobbi, presentó una iniciativa donde el ejecutivo de la provincia deberá dar cuenta de las causas de tal demora por parte de la empresa adjudicataria.
En el articulado del proyecto se pregunta cuál fue el criterio adoptado por la Comisión de Evaluación de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPIE) para determinar la conveniencia de la oferta de la empresa adjudicataria, y a cuánto asciende el monto del adelanto financiero recibido.
Asimismo, se deberá presentar el plazo total de obra, el nivel de certificación que hay a la fecha y las razones que expone la empresa adjudicataria para justificar su inocultable retraso; cuál es la situación actual, en términos presupuestarios, de la Dirección de Infraestructura Escolar de la Dirección General de Escuelas, en cuanto a sus posibilidades de afrontar eventuales nuevas certificaciones; y qué medidas prevé tomar la mencionada Dirección para subsanar las demoras de la ejecución de obra.
Cabe recordar que la Escuela de Educación Especial Nº 504 de Chascomús que trabaja con discapacitados motores, sensoriales y multimpedidos, funciona desde hace muchos años en un edificio cedido por la Municipalidad local, y “viene padeciendo una dinámica perversa de anuncios, promesas, marchas y contramarchas, con relación a la definitiva dotación de un inmueble con las características que debe reunir un edificio sede de un establecimiento escolar para niños con necesidades especiales”, sostuvo el diputado radical.
El legislador de la quinta sección electoral explicó que el establecimiento en cuestión, “debe desenvolverse en una pequeña vivienda adaptada, de dos plantas, comunicadas únicamente a través de una escalera exterior, con puertas, pisos y locales con niveles diferentes, y equipamiento absolutamente inadecuados para la movilidad y autonomía de la matricula de alumnos”.
Tras el llamado a licitación de la Dirección de Infraestructura Escolar dependiente de la Dirección General de Escuelas provincial, el adelanto a la empresa constructora, de acuerdo a lo que trascendió en medios periodísticos locales, fue de casi $ 1.000.000 y se cobró a fin del 2008, “en tanto se comenzó con la obra recién en el mes de marzo de 2009”, aseguró el diputado provincial Juan Gobbi.
Según el legislador bonaerense, a nivel construcción, “hasta ahora, lo único que se hizo fue el relleno y nivelado del terreno, dos terceras partes de las fundaciones, y se observa un proceso de ejecución a un ritmo absolutamente lento, denotando la empresa muy poco interés y/o posibilidades de aumentar la velocidad de obra”.
El diputado Juan Gobbi concluyó diciendo, “esta situación de casi inmovilidad de la obra hace que se reinstale el malhumor entre los miembros de la comunidad educativa chascomunense y regresen las sospechas de boicot y/o desinterés por parte de las autoridades provinciales, así como las dudas respecto de la capacidad técnica y operativa de la empresa adjudicataria”.

Preocupación por deuda con proveedores de comedores escolares

El diputado bonaerense de la UCR, Juan Gobbi, presentó un proyecto para que el gobierno de la provincia responda a interrogantes relacionados con la deuda que mantiene con proveedores de comedores escolares.

El ejecutivo de la provincia de Buenos Aires deberá contestar la cantidad de establecimientos educativos de gestión pública que se encuentran funcionando y prestan servicio de comedor escolar diario, como así también la matricula que registran y cantidad de beneficiarios.

Asimismo, el legislador consulta en su iniciativa cuál es el presupuesto anual 2009 destinado a financiar comedores escolares, la nómina de proveedores, consignando montos y porcentajes practicados.

El diputado radical opinó al respecto, “la profunda crisis que padece la provincia de Buenos Aires constituye una señal de alarma de las medidas que debe adoptar el gobernador Daniel Scioli en pos de amparar a quienes más lo necesitan y también a todos los bonaerenses que hacen el esfuerzo por contribuir con las arcas del estado provincial, pagando sus impuestos”.

“Mucho nos falta a los argentinos para desandar prácticas y metodologías de funcionamiento, y pelear por defender nuestra autonomía financiera e institucional como provincia, proponiendo alternativas de obtención de recursos”, agregó el diputado Gobbi.

Seguidamente, el legislador de la quinta sección electoral denunció “la provincia de Buenos Aires es objeto de discriminación en materia de redistribución de la recaudación nacional desde hace ya varios años. Las cifras actuales dejan a la provincia en inferioridad de condiciones si tenemos en cuenta que aporta a la nación casi el 38% del PBI y recibe sólo el 21.5% en concepto de recursos coparticipables”.

Además, recordó que “el 15 de agosto de 2007 presentamos una iniciativa, reproducida luego, donde se establecían distintas alternativas que harían posible cubrir el déficit provincial que se incrementaba a pasos agigantados, quedando paralizada la iniciativa en la comisión de Reforma Política de esta Honorable Cámara”.

Por último, Juan Gobbi resaltó “la preocupación que se reitera en materia de financiamiento de un sector especifico, y demostrado a través del incumplimiento del pago a proveedores de nuestra provincia que abastecen los comedores escolares y distintas áreas de salud”.

“Es tiempo de concertar una política seria e integral en materia de seguridad”

Por intermedio de un proyecto presentado en la legislatura bonaerense, el gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá responder inquietudes referidas a los foros vecinales y foros de seguridad municipales, contemplados en la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154).

De esta manera, el gobierno encabezado por Daniel Scioli, por intermedio del ministerio de Seguridad deberá informar la cantidad de Foros Vecinales que se encuentran inscriptos en el Registro obrante en esa repartición, y de Foros Municipales de Seguridad, discriminados por distrito.
Asimismo, en la iniciativa se solicita una breve reseña cronológica anual desde 1998 a la fecha, consignando la cantidad de instituciones, entidades intermedias u ONGs que integraron individualmente cada organismo; y sobre la participación formal e institucional de Concejales en ambos organismos según el registro existente, integrando en forma permanente los mismos, en función de cada municipio y partido político o agrupación que representa.
Por último, la iniciativa se pregunta sobre los resultados de los programas vigentes de capacitación de los integrantes de los Foros en materia de prevención, seguridad ciudadana, derechos humanos, comunicación institucional, planes de estudio y jornadas desarrolladas; y sobre las actas de constitución de la totalidad de los Foros Departamentales: representación institucional de cada uno de los miembros y resoluciones que de los mismos emanaron.
Cabe recordar que la vigencia de la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154) incluye la temática de organización y funcionamiento de los Foros de Seguridad, organismos que fueran creados –en la primera gestión ministerial de Carlos Arslanián- con la intención de generar instancias de participación y contralor ciudadano a la policía bonaerense.
En el mismo sentido, fueron pensados los Foros Departamentales, el Defensor de la Seguridad y el Consejo Provincial de Seguridad, con una pluralidad de integración “que no sólo dificulta su funcionamiento sino que se carece de conocimiento por su accionar y resultando razonable evaluar el balance de gestión hasta el presente”, aseguran los fundamentos de la iniciativa.
En su iniciativa, el diputado Juan Gobbi objetó la actual legislación en materia de seguridad, por la poca posibilidad de implementación práctica que tiene la misma en territorio bonaerense y, trasladando está inquietud a todas las medidas propuestas desde el Ministerio.
“No se puede traspolar desde una visión superestructural la organización de entidades y ONGS civiles con un sinnúmero de requisitos, exigencias y funciones estandarizadas para los 134 distritos de la Provincia de Buenos Aires, máxime si se tiene en cuenta el "estado de emergencia" de la seguridad pública que estableció para la provincia y sus instituciones el actual gobierno”, advirtió el legislador.
En este sentido, el diputado radical consideró que “se ratifica el nuevo avasallamiento a los Municipios y sus autonomías, subestimando la capacidad y facultad de cada comunidad para poder organizar estas instituciones, que deben ser creadas por los Concejos Deliberantes con un rol específico de prevención y difusión de derechos”.
Asimismo, el legislador bonaerense planteó que en la provincia de Buenos Aires, “se carece de una política razonable, consensuada e integral de seguridad pública”, y sentenció “es tiempo de concertar una política seria e integral en la materia, y es por ello que planteamos los interrogantes que forman parte de esta solicitud de informes”.

Promueven la utilización de energía solar en territorio bonaerense

En la cámara de Diputados bonaerense se presentó un proyecto de declaración a favor de que el Banco de la Provincia otorgue créditos con tasas y plazos preferenciales a quienes acrediten solicitarlo para la adquisición de sistemas de energía solar.
El diputado de la UCR, Juan A. Gobbi, presentó un proyecto instando al Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires a que lancen una línea de créditos con tasas y plazos preferenciales a quienes acrediten solicitarlo para la adquisición de sistemas de energía solar para edificaciones destinadas a viviendas, locales comerciales, y oficinas, entre otros.
En su iniciativa, el legislador destaca la generación de electricidad a través de la Energía Solar, que es “mucho más amigable con el medio ambiente, comprobadamente más eficaz y a lo largo del tiempo, muy económica”.
Juan Gobbi aclaró que a pesar de su escasa difusión, “existen en nuestro país, empresas que se dedican a instalar paneles para la energía solar y se ha extendido el uso en los últimos años de manera muy importante”.
Cabe recordar que la energía solar produce electricidad en forma directa. No hay piezas móviles, nada se consume, no se emite ningún gas ni productos químicos.
“La energía solar, para uso doméstico, no sólo resuelve el tema eléctrico sino que también puede utilizarse para artefactos que comúnmente funcionan a gas. Además resuelve problemas de distancia, ya que por ejemplo, aún hoy, existen muchas zonas rurales, dónde no llega la distribución de electricidad local” argumentó el diputado radical.
“En algunos países – prosiguió el legislador - se está propiciando desde el Estado la intervención de entidades de crédito con el propósito de incrementar las inversiones de particulares en la generación de energía eléctrica con paneles solares para lugares de requerimiento energético, y se lo hace con apalancamiento de los créditos sobre el bien inmueble, esto es hipotecarios, el que a su vez puede ser transferido de titular si este es vendido”.
Seguidamente, el ex intendente de Chascomús explicó que dado el hecho que “la inversión tiene una tasa de retorno menor a lo que un crédito corriente podría ofrecer, por lo que sólo sí esto es alentado desde algún órgano de crédito de manera preferencial sería viable para quienes estuvieran interesados en afrontar la tarea”.
En cuanto a lo que ocurre en territorio bonaerense, donde “nada alcanza para satisfacer el consumo infinito de electricidad”, el diputado Juan Gobbi opinó que es importante analizar la posibilidad de generar electricidad a través de energía solar, y “de comprobarse la viabilidad, se transforme nuestro banco provincial en una herramienta ejemplar en la búsqueda de alternativas energéticas amigables con el ambiente”.

PREOCUPACION LEGISLATIVA POR ASCENSOS MASIVOS EN LA POLICIA BONAERENSE

Según una iniciativa presentada en la Cámara de Diputados, el gobierno de la provincia de Buenos Aires deberá responder sobre distintos aspectos relacionados con las características y particularidades de los ascensos producidos en la Policía bonaerense.
En el proyecto de solicitud de informes aprobado durante la última sesión, se detallan las inquietudes como cantidad de efectivos policiales que fueron promovidos por el Ministerio de Seguridad, precisando fecha e identificación de los actos administrativos dictados en consecuencia durante el corriente año; la asignación de los referidos ascensos según los distintos agrupamientos de la fuerza de seguridad; y el mecanismo de excepción utilizado para ascender a efectivos que carecían de título secundario.
Asimismo, el Ejecutivo deberá aclarar si existen denuncias por falsificación de títulos secundarios que afecten a miembros de la Policía Bonaerense, que han sido beneficiados con el régimen de promoción aludido; y si persiste personal policial con antigüedad entre 5 y 15 años del servicio activo que no fue beneficiado con el “régimen de promoción de ascensos” que nos ocupa, y de ser así determine cantidad de efectivos, expresando en éste caso los fundamentos de la medida.
El diputado de la UCR y autor de la iniciativa, Juan Gobbi, calificó de “disparatada” la medida de promover un ascenso masivo en la policía de la provincia de Buenos Aires, “sin respetar el marco de legalidad que ello amerita, y mediante una normativa de “excepción” de dudosa constitucionalidad”.
“Seria prudente una urgente revisión de los actos administrativos dictados – prosiguió Juan Gobbi - que impliquen darle un sentido de justicia y equidad a los ascensos, priorizando la correcta evaluación de los legajos como asimismo la acreditación del título de estudiante secundario de cada miembro de la policía bonaerense”.
Y agregó, “también debe analizarse la promoción a que pertenece cada efectivo en todos los casos, y asimismo si registran antecedentes penales o sumarios internos en la fuerza”, ya que “sería intolerable discriminar a funcionarios que reúnen los requisitos para una normal promoción, y “premiar” a otros que fueron beneficiados con títulos apócrifos, generando un daño irreparable a toda la institución”.
Finalmente, Juan Gobbi advirtió “se impone esclarecer sobre la marcha de las investigaciones en curso, determinar sus responsables y asimismo retrotraer la medida, que cómo consecuencia directa ha generado una defraudación agravada contra la administración pública”.

El diputado Gobbi disertó en encuentro seccional

El diputado provincial de la UCR, Juan Gobbi, disertó en una jornada realizada en la localidad de Bolivar, de la que participaron representantes de los distritos que conforman la séptima sección electoral.

Durante el encuentro, el legislador se refirió a las retenciones al agro, fondos sojeros, coparticipación federal, coparticipación provincial y explicó el estado financiero de la provincia de Buenos Aires, estableciendo alternativas para su financiamiento.
El diputado radical marcó con claridad el problema financiero por el que atraviesa la provincia de Buenos Aires, cuyo déficit en el ejercicio 2009 va a superar ampliamente los 5.500 millones de pesos.
También resaltó la necesidad de conformar políticas de estado en ese sentido, reclamando lo que le pertenece a la provincia, por aplicación de la actual ley vigente de Coparticipación Federal, Ley 23.548.
El legislador destacó el artículo 7° de la misma, que prevé que las provincias no pueden recibir menos del 34% del total de recursos de Nación, sean coparticipables o no; “con esta cantidad misma, Buenos Aires debería percibir una suma adicional en el ejercicio 2009 de 5.770 millones de pesos, los que permitirían paliar el déficit anunciado oficialmente”, advirtió. Y agregó, “al mismo tiempo como estas sumas son coparticipables a los municipios, darían solución a los mismos, incrementando sus recursos”.
“Por ejemplo – prosiguió el legislador - Bolívar recibiría más la suma de pesos 5,55 millones, General Pueyrredón 21,86 millones, Lomas de Zamora 23,19 millones, Chascomús 7,06 millones, General Belgrano 3,11 millones y Saladillo 2,90 millones, entre otros”. “Como se observa, con el cumplimiento estricto de la ley se daría respuesta adecuada a la provincia y los municipios, lo que implica un objetivo común, el cual se debe perseguir”, expresó.
Por último, el diputado Gobbi respondió las inquietudes de los presentes y se entregaron trabajos referidos al tema, que son realizados mensualmente. Por la séptima sección participaron representantes de los distritos de Saladillo, Veinticinco de Mayo, Roque Pérez, General Alvear, Tapalque, Olavarría y Azul.

Por el fortalecimiento de los derechos de Usuarios y Consumidores

La Cámara Baja bonaerense aprobó un proyecto del diputado radical Juan Gobbi, que pretende saber “cuáles son las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo para la normal protección de los usuarios y consumidores en función de los derechos establecidos por el artículo 38° de la Constitución Provincial y qué medidas concretas impulsó para proveer el cumplimiento de las responsabilidades impuestas al Estado”.

Entre otros interrogantes, la iniciativa del legislador radical pregunta si en función de lo normado por el artículo 43° de la Ley Nacional 24.240 y el Decreto Provincial 1472/95, el organismo pertinente que actúa como autoridad de aplicación procedió a la creación del Registro Provincial de Consumidores y Usuarios.

Por otra parte, requiere información sobre qué mecanismos de contralor ha implementado para prevenir las infracciones que puedan cometer los proveedores de bienes y/o servicios en el territorio de la provincia; cuáles son los elementos técnicos, presupuesto y recursos humanos que la Provincia ha dispuesto para la aplicación en su ámbito de las disposiciones de la Ley 24.240; y cuál es el estado actual de la implementación en la Provincia del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo.

Cabe recordar que las reformas constitucionales de 1994 incorporaron los “NUEVOS DERECHOS” en la parte general en el marco de Declaraciones, Derechos y Garantías, consagrando nuestras constituciones provincial y nacional el derecho a la información y la educación, y específicamente determina como derecho de las ciudadanas y los ciudadanos, la educación para el consumo y la protección de consumidores y usuarios.

En los fundamentos de la iniciativa se recuerda que a partir de los preceptos contenidos en los artículos 38 de la Constitución provincial y el artículo 42 de la Constitución Nacional, se requiere que desde el Estado provincial, a través de los organismos con competencia, se articulen programas y/o políticas, tendientes a fortalecer estos derechos y siendo “herramientas válidas” los distintos actores consagrados institucionalmente, entre otras ONGs, Asociaciones y Municipios.

El diputado chascomunense consideró al respecto, “estamos convencidos que a partir del conocimiento, difusión y respeto de estos derechos lograremos mejores oportunidades para nuestros conciudadanos, y de esta manera, acotar las inquietudes que genera el mercado”. Con ese objetivo, el legislador también propone incorporar como contenido transversal en los niveles de enseñanza provincial la asignatura de Educación para el Consumo y Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores.

“Para cumplir con los objetivos perseguidos – prosiguió el legislador - el Estado debe observar en su accionar un rol protagónico y activo junto a los Municipios, ONGs y Asociaciones, requiriendo en su debido momento la evaluación e información sobre su cometido”, y posteriormente, “proyectar un nuevo diseño normativo para los entes reguladores de los servicios concesionados y/o privatizados con la misma finalidad expuesta, y poder discutir sobre los distintos temas que involucra como la calidad, eficacia, participación estatal, usuarios y comunas, tarifas, entre otras cuestiones”.

Por último, el diputado Juan Gobbi sentenció “consideramos imprescindible realizar una evaluación de la eficacia de las medidas que seguramente se han adoptado en nuestra jurisdicción provincial, para efectuar un seguimiento y proceder a ratificar o rectificar instrumentos de acción, convencidos que de nada sirve enunciar derechos si no son acompañados por las garantías, recursos y la acción del Estado que los tornen operativos”.

El gobierno bonaerense quiere postergar autonomía de Lezama

El radicalismo bonaerense se reunió con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, en el marco del dialogo político iniciado por el ejecutivo.

Durante el encuentro estuvieron presentes el titular del comité bonaerense, Daniel Salvador, el diputado nacional electo, Ricardo Alfonsín, el presidente del bloque de diputados radicales, Ricardo Jano, el legislador Juan Gobbi, el senador Diego Rodrigo, el presidente del Foro de Intendentes radicales Daniel Molina, la intendenta de Chascomús, Liliana Denot y la mesa de conducción del centenario partido.
Ricardo Alfonsín, oriundo de Chascomús, entregó en mano los estudios realizados por la Universidad Nacional de La Plata (uno de la Facultad de Ciencias Económicas y otro de Derecho), donde se certifica la inviabilidad de la escisión de Lezama del partido cabecera.
Por su parte, el jefe de gabinete, Alberto Pérez expresó que está definida una reunión con el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Horacio González, y el titular del bloque del Frente Para la Victoria, Raúl Pérez, con el fin de hacerle llegar la postura del ejecutivo.
El gobierno bonaerense pretende que se postergue el tratamiento del proyecto de Lezama, ya que su intención es que antes de que se produzca la consideración de cualquier proyecto de creación de distritos, se genere primero el tratamiento de una ley marco.
A su vez, el ministro de Economía, Alejandro Arlía, manifestó que no es recomendable la separación de Lezama desde el aspecto económico, teniendo en cuenta que las Comunas recibirían menos dinero en concepto de coparticipación y ambas municipalidades deberían ser asistidas económicamente.
A posterior con la reunión con el gobernador, se llevo a cabo un encuentro en la cual estuvo presente el ministro de Gobierno, Eduardo Camaño, el Secretario General de la Gobernación, José Scioli, el Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, el Ministro de Economía, Alejandro Arlía, el presidente de bloque de Diputados radicales, Ricardo Jano, la intendenta de Chascomús, Liliana Denot, el diputado radical Juan Gobbi, y el diputado Nacional electo Ricardo Alfonsín, donde se volvió a discutir el tema de Lezama y se dieron las explicaciones pertinentes de los informes de la Universidad Nacional de La Plata, habiendo ratificado el Jefe de Gabinete la necesidad de una ley marco antes de cualquier tratamiento en particular de creación de distritos. Por último, Alberto Pérez se comprometió ante los presentes a informar el resultado de las gestiones que llevará a cabo en la cámara Baja provincial.

Priorizan la fabricación de biodiesel en la provincia de Buenos Aires

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Juan A. Gobbi presentó un proyecto de ley propiciando la fabricación de biodiesel en territorio bonaerense “por su importancia estratégica y su aporte a la preservación del ambiente”.

En el articulado de dicha iniciativa se determina la obligatoriedad de “generar las condiciones en el territorio provincial que garanticen que la totalidad de los residuos de aceites y grasas comestibles propias de actividades gastronómicas, tanto animales como vegetales provenientes de los grandes generadores sean recicladas, dándole prioridad a la fabricación de biodiesel por su importancia estratégica y su aporte a la preservación del ambiente”.
Asimismo, propone la creación en cada localidad de la Provincia de Buenos Aires, en cooperación con el respectivo Municipio, un registro de grandes generadores de residuos de aceites, grasas animales y vegetales, pasibles de ser utilizados en la elaboración de biodiesel; así como de un esquema de recolección privado o municipal pero con irrenunciable responsabilidad de la administración comunal
De la misma manera, de aprobarse la iniciativa, se establecerá un sistema de descuentos en los tributos provinciales sobre los ingresos brutos de aquellas empresas o entidades que se adhieran al sistema de recolección diferenciada de los residuos en estado líquido tanto de aceites como de grasas animales y vegetales comestibles provenientes de actividades gastronómicas, sin que ello incida en lo que por la venta de este producto dicha Empresa o Entidad reciba.
No obstante, en caso de estar exenta de este tributo por su condición de entidad de bien público o por ser una dependencia del Estado, deberá determinarse alguna manera particular de premiar el esfuerzo adicional en favor del ambiente y del ahorro de recursos energéticos.
Por último, la iniciativa propicia la radicación de establecimientos elaboradores de Biodiesel en cada distrito y sanciones para aquella Empresa o Entidad que incumpla con la norma arrojando irregularmente estos residuos e impactando por ello el ambiente.
En los fundamentos de la iniciativa se destacan las ventajas de la utilización de biocombustibles tanto por su condición de renovables como por la merma de toxicidad que provocan para el aire, tanto del biodiesel como del bioetanol en sus emanaciones al ser usados en los motores de combustión interna, dado que desprende mucho menos dióxido de carbono, no emite dióxido de azufre y logra (en el caso de Biodiesel) que el motor funcione mejor que con los conseguidos a partir de hidrocarburos.
El diputado Gobbi señaló al respecto, “todo esto hace que los biocombustibles, deban ser priorizados en la medida de lo posible, por sobre los tradicionales de origen fósil, de manera de compensar el enorme aumento de vehículos en las ciudades en los 20 últimos años en el mundo en general y en nuestro país en particular”.
“Este combustible diesel que resulta del proceso, además de ser usado en la combustión interna de motores cuyas emanaciones serán infinitamente menos perjudiciales para la salud de los habitantes de las ciudades que las de los combustibles fósiles, estará evitando al mismo tiempo que el residuo que le dio origen sea arrojado a las redes de alcantarillado, de cloaca, pozos absorbentes, suelos productivos, etc., con los daños que para el ambiente esto conlleva”, concluyó Juan Gobbi.

Preocupa decreto provincial que establece cargos adicionales a consumos de “alto impacto”

Mediante un proyecto de declaración, el diputado radical Juan A. Gobbi cuestiona la aplicación de un decreto provincial, el 3543/06, que establece cargos por Habilitación de Suministros Conjuntos, “los cuales representan una desmedida carga tarifaria para los emprendimientos constructivos residenciales, y para los inmuebles multifamiliares existentes”.

El legislador aclaró que a pesar de estar vigente desde 2006, la norma “ha comenzado a provocar generalizados planteos y reclamos de parte de usuarios, empresarios e incluso de los colegios profesionales con incumbencia en la materia”.
El decreto establece cargos excepcionales en materia de conceptos tarifarlos por “Habilitación de Suministros Conjuntos”, que impone a las distribuidoras de energía eléctrica, concesionarias provinciales del servicio, el cobro de dichos conceptos a aquellas solicitudes de suministros que formulen los responsables de emprendimientos o de inmuebles con varias unidades funcionales existentes.
“Se trata en definitiva de considerar como de alto impacto para el sistema eléctrico provincial las solicitudes de nuevos servicios (medidores), que en muchos casos se trata de pequeños emprendimientos constructivos inmobiliarios, incluidos aquellos que se erigen en zonas eminentemente residenciales en las área urbanas de las ciudades de la provincia”, agregó Juan Gobbi.
A modo de ejemplo, en caso de solicitar un segundo medidor para los hogares el costo asciende a 4165 pesos, cuando el primer medidor sale 140 pesos. Asimismo, en la ciudad de Mar del Plata se han realizado audiencias públicas con participación de numerosas instituciones de la ciudad, que han decidido elevar a las autoridades provinciales un pedido de rebaja de los cargos por solicitudes de servicios para estos “consumos de alto impacto”, como son calificados por la autoridad de aplicación provincial.
El diputado bonaerense manifestó que “lo que se trata, es de establecer cargos verdaderamente confiscatorios, en una suerte de castigo para aquellos ciudadanos o empresas bonaerenses que realizan una inversión de riesgo, justamente en un rubro como la construcción, que como es de público conocimiento, es uno de los que más contribuye a la reactivación, a la dinamización de la actividad económica, por los múltiples encadenamientos de subrubros que genera, además de contribuir a la generación de empleo de variada calificación laboral”.
Por último, Juan Gobbi sostuvo “el Estado, que debe alentar y promover la actividad económica y apuntalar los sectores más dinámicos de la economía, pretende suplir la ineficacia y la desinversión de años en materia energética, cuando lo que debería hacer es ejecutar o exigir a las concesionarias del servicio, la ejecución de obras de generación, transporte y distribución eléctricas”.

“El Acuerdo Cívico y Social está muy fuerte en la quinta sección”

El diputado provincial por la UCR, Juan Gobbi, espera las próximas elecciones legislativas para lograr la consolidación del Acuerdo Cívico y Social, y así continuar posicionándose como una fuerte propuesta opositora.

En el mapa de la Argentina y analizando las próxima contienda electoral, Gobbi aseguró que el Acuerdo Cívico y Social está pisando firme, "se ha plantado como la primera fuerza a nivel nacional, creo que estamos terciando en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a las encuestas, pero creciendo y muy firmemente”.
"Creo que paso a paso en la provincia va penetrando en el conurbano bonaerense, que hay un detenimiento muy fuerte del segundo PJ, De Narváez-Solá, por eso tenemos buenas expectativas. Hoy hay que reconocer que la elección está en tercios, pero nuestra fuerza en crecimiento, lo cual no quita que el resultado sea muy apretado en la elección a legisladores" analizó el legislador.
En relación a la campaña del oficialismo, el diputado radical resaltó que "está muy claro que cualquiera fuera el resultado electoral en cuanto al posicionamiento, y específicamente en la provincia de Buenos Aires, el oficialismo ya perdió”, y agregó que “lo que sí es cierto es que pierden escaños, pierden en diputados, pierden en senadores. En diputados en mayor proporción y yo diría que incluso pueden llegar a perder la conducción de la Cámara de Diputados, aún siendo la primera minoría".
“Hoy el Acuerdo Cívico y Social es el que está mejor posicionado y en vista de los resultados que se esperan realmente va a colocar muchos diputados y senadores lo cual le va a permitir estar en la discusión seria" explicó Juan Gobbi.
El diputado bonaerense, analizó la quinta sección y el resultado que se espera para el Acuerdo Cívico y Social, "en la quinta sección electoral el Acuerdo Cívico y Social está muy fuerte. Margarita Stolbizer-Ricardo Alfonsín ya están muy posicionados porque en la quinta es muy interior, porque si bien Mar del Plata es una ciudad muy importante, tiene un voto muy propio, muy particular, muy pensante, y estamos bien posicionados en la mayoría de los pueblos de la quinta sección electoral. Se puede ganar o perder pero digamos que se va a hacer elecciones buenas en todos lados e incluso en Mar del Plata".
En cuanto a las vertientes peronistas, el legislador sostuvo que “toman a los ciudadanos como sus rehenes, nos empujan a participar de una interna de su partido político y desvirtúan su rol en democracia”, y opinó “seguramente le interesan más la pelea por el poder-negociados que el bienestar de los bonaerenses. Y sino habría que remitirse al estado virtual de quiebra, que desde el aspecto económico-financiero presenta la provincia después de veintidós años de administración justicialista”.
En el mismo sentido, Juan Gobbi finalizó, "creo que está la posibilidad cierta de ganar la sección. Una quinta sección que se ha ganado muchas veces, que se ha salido segundo en otras oportunidades, pero que siempre hemos estado presente con nuestra cuota de legisladores. En esta oportunidad creo que va a ser así, el kirchnerismo en Mar del Plata hizo una jugada fuerte con Pulti. A mí me da la impresión que como es el electorado de Mar del Plata les va a salir el tiro por la culata".

Pretenden saber quién se encarga del funcionamiento y administración del Estadio Ciudad de La Plata

La Cámara baja bonaerense aprobó un proyecto del diputado radical Juan Gobbi donde solicita al gobierno provincial información relacionada con el Estadio Ciudad de La Plata, su estado, funcionamiento y administración.

Entre otros interrogantes, la iniciativa consulta cuál fue el vínculo de la Provincia con los organizadores del recital de los Fabulosos Cadillacs que tuviera lugar el 19 de abril, y de qué manera se tradujo el beneficio a la Provincia, como así también en qué forman se administrarán dichos beneficios. En caso de que éstos fueran fijados en obras, cuáles son dichas obras y de qué manera se justificó el valor de las mismas.
El diputado Gobbi señaló al respecto, “es nuestro interés por saber como se fija el canon de alquiler, para un evento de estas características que convocó alrededor de 25.000 personas, que abonaron entradas por un valor de $70 a $140; por lo tanto no es descabellado pensar que la recaudación bruta, rondó los $ 2.500.000, sin contar con los aportes de publicidad”.
Por último, el legislador planteó sus dudas “sobre la oportunidad y conveniencia de construir este Estadio, a costa del esfuerzo de millones de bonaerenses, en esta ciudad, que además de contar con varias instalaciones para desarrollar eventos culturales, cuenta con dos grandes clubes de fútbol que han manifestado en reiteradas ocasiones su voluntad de remodelar/construir sus estadios”.

Pedido de informes por el Bingo de La Plata

La Cámara Baja bonaerense aprobó un proyecto de solicitud de informes donde se solicita información acerca de las características y particularidades del contrato de concesión del Bingo, con sede en la ciudad de La Plata.

Con respecto al contrato de concesión del Bingo con sede en la ciudad de La Plata, se propicia el esclarecimiento del año de inicio y que periodo de duración, el mismo. En el caso de haber vencido, cuál fue la fecha de su vencimiento, y bajo que forma jurídica se encuentra hoy funcionando. Asimismo, en el caso de estar con una licencia transitoria, el Ejecutivo deberá responder cuál es la fecha de vencimiento y cuáles fueron los criterios, primero para extenderla, y luego para ponerle limite a la mencionada licencia.
De la misma manera, en el articulado de la iniciativa presentada por el diputado de la Unión Cívica Radical, Juan Gobbi, se consulta si tal como figura en la denuncia que se encuentra en sede judicial - Fiscalía de Investigaciones Complejas - la empresa concesionaria “demoraba, retaceaba, o falseaba información”, y en sus declaraciones juradas omitió consignar una deuda millonaria, con la Provincia por Ingresos Brutos y por falta de pago de recaudación de tragamonedas.
Además, el ejecutivo deberá responder si, como hace referencia la denuncia antes citada, el edificio donde funciona el Bingo no tiene final de obra expedido por la Municipalidad; y si a través de una medida cautelar, firmada por la Doctora Ana Logar, juez en lo Contencioso Administrativo Nº 2 de La Plata, la concesionaria acaba de obtener la suspensión de todas las acciones, hasta que haya una resolución de fondo, y dicha medida cautelar se sustenta en fallas administrativas cometidas por la Provincia.
Los fundamentos de la iniciativa resaltan que “mientras en la justicia penal sigue adelante la denuncia contra la firma concesionaria entre otros temas por evasión fiscal, la jueza en lo Contencioso y Administrativo Nº 2, Ana Logar, firma una medida cautelar por la que se paraliza el rechazo de la renovación de su licencia, señalando que la Resolución que impide la continuidad se dictó “sin la vista previa del señor Fiscal de Estado e intervención de la Contaduría General de la provincia de Buenos Aires”.
El diputado Juan Gobbi calificó a éstas “cuestiones formales que no hacen al fondo”, y es por ello que pregunta en su iniciativa qué organismo fue el responsable de las presentaciones y por lo tanto, responsable de las mencionadas fallas.

Empleados municipales de Planta Temporaria podrán percibir remuneración por antigüedad

Un proyecto de ley presentado por el diputado bonaerense Juan A. Gobbi (UCR) pretende modificar el articulo 98° de la ley 11757 (Estatuto Personal Municipal) para equiparar las remuneraciones de los salarios en el “concepto antigüedad”, otorgando este derecho a los trabajadores temporarios, y bajo las mismas modalidades de instrumentación que los agentes que revisten en planta permanente.

Además, en otra disposición se favorece a los trabajadores temporarios adquiriendo éstos estabilidad a partir de la acumulación de cinco años de antigüedad consecutivos contados desde su nombramiento en cada Municipio, y ello de no mediar oposición fundada y debidamente notificada por el Departamento Ejecutivo.
Cabe consignar que, según señala el articulado del proyecto, “el plazo referido es considerado “período probatorio” debiendo cumplimentar el trabajador durante el mismo, las siguientes condiciones: acciones de formación y/o capacitación, aprobar examen preocupacional obligatorio, informe positivo del área de revista y acreditar por resolución fundada la aprobación de la Junta de Ascensos y Calificaciones”.
El legislador radical sostuvo al respecto, “los municipios de la provincia cuentan con numerosos agentes que cumplen funciones en forma provisional, en carácter de temporarios y precarizados, con años de antigüedad en dicha calidad y ello contraria los principios del derecho del trabajo, ya que el sector público debe ser el principal garante del cumplimiento de las normas laborales exigidas”.
El diputado Gobbi manifestó que “en la situación descripta de inestabilidad, los agentes no pueden demandar los derechos laborales mínimos que las leyes les otorgan”, y concluyó aclarando que “el pase a planta permanente de los agentes temporarios no implica ningún aumento del presupuesto municipal y no generarán derechos retroactivos a los procesos administrativos o judiciales en trámite”. De aprobarse la norma, su aplicación se daría a partir del 1° de enero de 2010.

Solicitan derogación de Impuesto al Cheque

A través de un proyecto presentado, el diputado provincial Juan A. Gobbi (UCR), solicita dejar sin efecto la Resolución Normativa 014/09, Régimen de Retención sobre Cheques.

Sobre este tema, el legislador se pregunta por qué el contribuyente “va a permitir que se le retenga impuesto por un ingreso de dinero que la autoridad de aplicación presupone que es el fruto de la actividad normal y habitual del contribuyente, y de no ser así tendrá que demostrarlo”. “Primero los declaramos culpable y luego podrá demostrar su inocencia, al revés de los principios generales”, agregó.
El diputado radical destacó “la inequidad entre quien deposita un cheque de 1000 pesos o más y quien lo cobra por ventanilla”, y aseguró que “estas medidas no solucionan ni erradican la evasión impositiva”.
Cabe recordar que, ante las múltiples quejas de contribuyentes, el organismo recaudador de la Provincia de Buenos Aires postergó por 60 días la puesta en marcha del descuento de Ingresos Brutos al cobro de cheques por ventanilla. Asimismo, la medida había recibido rechazos del sector bancario, ya que los cajeros debían realizar el descuento antes de abonar el efectivo y verificar si el cobrador está inscripto como aportante de ingresos brutos, lo que generaba una complicación operativa.
El legislador chascomunense aconsejó al Gobierno bonaerense “demostrarle a la sociedad los resultados de las políticas tributarias y la asignación de los Recursos obtenidos, sean en Educación, Seguridad, Salud y Justicia que tanto falta en esta Provincia. Tal vez así con pruebas y hechos reales, los contribuyentes logren tener conciencia tributaria, sabiendo hacia dónde se destinan sus recursos”.
De la misma manera, Juan Gobbi recordó que “hace muchos años se vienen incrementando los Presupuestos de la Administración Pública y también el Déficit Provincial, pero la sociedad en su conjunto no percibe mayor bienestar y son ellos quienes aportan a las arcas del Estado”.
Además, disparó “en vez de incrementar los recursos vía retenciones a la emisión de cheques y al cobro de cheques por ventanilla, habría que reclamar los puntos de coparticipación que siempre venimos prorrogando desde hace muchos años”.
Por último, el diputado radical instó al Ejecutivo a “ser más eficientes en la administración de los recursos en lugar de dictar nuevas resoluciones que conlleven al malestar social”.

Dan marco legal a aumentos no comprendidos en el Estatuto del Personal Municipal

La legislatura bonaerense transformó en ley un proyecto que exime de responsabilidad legal, económica administrativa y contable a los funcionarios municipales que hayan dictado y/o puesto en aplicación actos por los cuales se autorizaran incrementos en los sueldos de los trabajadores en concepto de bonificación y/o adicional por antigüedad en un porcentaje superior al que se encuentra previsto en el artículo 19 inciso b) de la Ley 11.757 (Estatuto del Personal Municipal). La norma pone en tela de juicio la constitucionalidad como la vigencia de la Ley 11.757.

La iniciativa que fuera aprobada por la legislatura y que lleva el número de Ley 13.606 fue presentada por el diputado radical Juan A. Gobbi. En los fundamentos del proyecto se recuerda que en varios municipios de la provincia los titulares a cargo de los Departamentos Ejecutivos dictaron actos administrativos, disponiendo el incremento de los haberes que en concepto de bonificación y/o adicional por antigüedad perciben los trabajadores municipales en un porcentaje superior al que se encuentra previsto en el Estatuto del Personal Municipal.
El legislador radical sostuvo que “los índices de aumento inflacionarios más los acuerdos salariales impulsados a nivel provincial tornan necesario la búsqueda de instrumentos de recomposición de los haberes a nivel municipal pero que asimismo garantice la exención de responsabilidad de los funcionarios que autoricen las medidas”.
Seguidamente, Juan Gobbi opinó que dichos incrementos “obedecen a razones de estricta justicia y pueden verse plenamente justificados a fin de reparar la perdida que sufre el salario real de los trabajadores frente a los aumentos en los precios de productos, servicios e impuestos”, y manifestó que su iniciativa pretende “prever a la contención de los funcionarios intervinientes que dictando los actos respectivos, pueden verse obligados a responder administrativa y contablemente al no verse avalados aquellos actos por disposición legal alguna”.
Por último, el autor de la iniciativa convertida en LEY destacó “es también un fuerte precedente para interpretar correctamente el derecho protectorio y la progresividad del derecho laboral, en nuestro caso en la administración publica municipal, en beneficio del trabajador y denostando tanto la constitucionalidad como la vigencia de la Ley 11.757”.

“La liquidación del tributo no se puede realizar en base a presunciones”

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Juan A. Gobbi, solicitó al Ejecutivo Bonaerense dejar sin efecto la implementación del Sistema ARBANET y la Resolución Normativa 111/08 que determina los anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

A través de un proyecto de ley, el legislador propuso derogar los artículos 30° y 31° de la ley 13.850, sancionada el 23 de Julio del año 2008, y que establece regímenes de percepción y/o retención, y anticipos mensuales en la determinación, liquidación y pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires; y la Resolución Normativa 111/08. Asimismo, propone restituir los Artículos 182 y 183 del Código Fiscal (Ley 10397 – 2004).
En los fundamentos del proyecto se recuerda que “la Agencia de Recaudación Buenos Aires, mediante la Resolución Normativa Nº 111/08, impone al contribuyente su carga tributaria determinando anticipos mensuales sin tomar a priori la base imponible real del contribuyente, quien tendrá derecho a rectificar su declaración jurada anual una vez al año mientras fue aceptando los anticipos impuestos por la autoridad de aplicación”.
El legislador radical sostuvo al respecto, “en la práctica, la presunción de la administración tributaria es en muchos casos equivocada”, y agregó que “basta con entrevistarse con diversos contribuyentes de distintas actividades y los anticipos impuestos no se corresponden con su obligación tributaria real”.
Seguidamente, explicó que “existe un alto costo de oportunidad del dinero, pues el contribuyente debe efectuar los pagos de la preliquidación y de no ser correctos, dentro de no menos de doce meses podrá rectificar la declaración jurada anual predeterminada por ARBA, y si tiene crédito a favor, podrá reclamarlo”.
No obstante, si el contribuyente no acepta la preliquidación anual, el sistema le informa que de modificarla quedara sujeto a fiscalización y será considerado por ARBA como contribuyente de alto riesgo. “Este sistema no es ni más ni menos que un avasallamiento al contribuyente que se le impone coercitivamente una carga tributaria fuera de tiempo”, enfatizó el ex intendente de Chascomús.
Cabe recordar que el bloque de la Unión Cívica Radical se opuso a la creación del sistema ARBANET (artículos 30° y 31°) durante la sesión del 23 de julio de 2008, donde se aprobó el proyecto de reforma Impositiva, y el diputado chascomunense fue quien argumentó las discordancias con respecto al tema.
Por último, Juan Gobbi advirtió que “la liquidación del tributo tiene que estar en manos del contribuyente y nunca en función de quién esté manejando el ARBA, es decir, en base a presunciones”.

Argumentación del Diputado Juan Gobbi durante tratamiento de proyecto sobre blanqueo de capitales - Sesión del 06 de abril de 2009

Creemos que este proyecto viene viciado de origen. En realidad, trataba de la adhesión a la Ley 26476, en la parte en que se refiere a la exteriorización y repatriación de capitales, comúnmente denominada “blanqueo”.
Lo cierto es que se establecía un incentivo fiscal para que los fondos blanqueados fueran depositados en nuestra Provincia y se generaran, a partir de allí, inversiones en esta jurisdicción destinados -así lo dice el proyecto-, a la construcción de nuevos inmuebles, a la finalización de obras en curso, al financiamiento de obras de infraestructura, a inversiones inmobiliarias, agrícola-ganaderas, al turismo, etcétera.
Esta redacción, señor Presidente, es exactamente igual a la de la Ley de Blanqueo y no sé por qué razón, ante un equívoco en el envío del proyecto -que estaba mal redactado-, le quitaron un fundamento y quedó establecido como si fuera un esquema de promoción industrial o promoción de actividades comerciales o ganaderas.
Lo cierto, señor Presidente, es que este proyecto, en primer lugar, no tiene partida presupuestaria; habla de una inversión con un incentivo fiscal, un crédito fiscal, a imputar por las empresas beneficiarias de 250 millones de pesos; esto significa casi 7 millones 143 mil dólares.
En definitiva, la Provincia queda con un proyecto rengo que no se sabe a dónde se orienta, porque ni siquiera guarda relación con la Ley de Promoción Industrial -actualmente vigente-, que establece exenciones impositivas mucho más importantes, mucho más atractivas que este proyecto de ley.
Simplemente, señor Presidente, quiero decir que la actual Ley de Promoción Industrial en la provincia de Buenos Aires establece exenciones impositivas por diez años a todo nuevo proyecto, tanto en el impuesto a los ingresos brutos, como al de sellos o inmobiliario, de manera tal que usted, que es contador, sabrá calcular la tremenda diferencia que hay entre la promoción actualmente vigente y este pequeño incentivo que se quiere implementar, que está orientado al blanqueo de capitales, aunque se diga lo contrario.
Por estas consideraciones, señor Presidente, y porque es un proyecto absolutamente innecesario, es que adelanto nuestro voto en contra.

Argumentación del Diputado Juan Gobbi durante tratamiento de proyecto sobre fondo sojero - Sesión del 06 de abril de 2009

El decreto 206/09, de necesidad y urgencia que establece la distribución de parte de los ingresos por retenciones a la soja, estableció la continuidad de la confrontación entre el gobierno y el sector agropecuario, porque el mensaje a través de ese decreto, fue muy claro: las retenciones a la soja no se tocan y siguen al 35 por ciento. Y al mismo tiempo, señor Presidente, intenta establecer una confrontación entre gobernadores e intendentes con el sector agropecuario ya que, según la ley enviada por la Provincia y el mismo decreto nacional, se establece que sólo se recibirá un peso si hay adhesión a este decreto. De manera tal que se intenta establecer una confrontación entre los gobernadores, los intendentes y los productores que es muy lamentable.
Dicho esto, señor Presidente, y para contestarle al señor diputado La Porta, Presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, el Decreto 206 es realmente errático y no claro en su redacción y, por lo tanto, hoy nadie sabe realmente cuánto va a recibir.
Vamos a tomar cifras oficiales para no andar haciendo cálculos. Según el informe de Nación, el 30 por ciento a distribuir serían 6.520 millones. Si aplicamos lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires da un monto de 1.402 millones, y de ese monto, si distribuimos a los municipios, les corresponden 420 millones, y al resto de la Provincia, 982 millones de pesos. Esta es la interpretación que hace el Presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos y no es lo que dice el decreto.
El decreto dice con claridad, y lo establece en su artículo 3º y los fundamentos, que la distribución se hará en función a la Ley 23548 de Coparticipación Federal y en base al artículo 3º que establece que el 42,34 por ciento es para la Nación y el 54,66 por ciento es para las provincias.
Esto lo establece con una claridad meridiana que no admite discusión. Por lo tanto, si la distribución fuera como planteó el señor diputado La Porta, lo que habría que hacer es cambiar el decreto de origen.
Conclusión: en lugar de recibir 1.402 millones, esta Provincia va a recibir 651 millones de pesos que, distribuidos en los municipios, en lugar de 420 millones será de 195 millones de pesos. Conclusión: lo que recibirá la Provincia son 456 millones de pesos; muy lejos de los mil millones que hablábamos hoy.
Esto es importante destacarlo, porque en el corto plazo se comenzará a generar la distribución, ya que la soja de primera se cultiva entre abril y mayo, al igual que la de segunda. Así que vamos a tener seguramente distribución en este mes y en el que entra. Ahí vamos a ver realmente cuál es la norma que se aplica. Si se aplica la que genera mayores recursos para la Provincia, bienvenido sea, pero se debería modificar el decreto porque está mal redactado.
Los conceptos del diputado Bilbao fueron muy claros con respecto a las retenciones y al artículo 4º de la Constitución Nacional y el artículo 2º, inciso a) de la Ley 23548, que no vamos a repetir.
Lo cierto es, señor Presidente, que más allá de la distribución que planteó, como iniciativa, nuestro Presidente de bloque, creo que hay que agregarle que estamos participando al conjunto de la Nación lo que produce el suelo de la provincia de Buenos Aires, pero no participamos de las regalías petroleras, que siempre se quedan en las provincias de origen, como por ejemplo Santa Cruz.
Si queremos ser ecuánimes en la distribución, tendríamos que hablar del conjunto de recursos nacionales que no se coparticipan y las regalías son un caso.
Digo esto para mostrar con claridad que el federalismo se aplica a veces para algunas provincias y no para otras.
Se debe destacar, señor Presidente, que con los recursos que van a recibir los municipios, y vamos al planteo de máxima, 420 millones de pesos no alcanzan para cubrir el menor ingreso al estimado en el presupuesto en concepto de coparticipación municipal. Es decir, entre lo que estaba presupuestado y lo que se recauda para los municipios desde la Provincia, hoy los municipios dejan de percibir 680 millones de pesos. O sea, que se están perdiendo 260 millones que están presupuestados y están con gastos imputados.
En conclusión, señor Presidente, está claro, sin dudas, que las retenciones son necesarias en momentos de crisis. Está claro que los porcentajes tienen que tener relación con la producción y el valor de los commodities. Cuando los porcentajes de retención son excesivos, lo que se logra es que no se produzca, se genere desempleo y todas las posteriores consecuencias.
Por eso, creo que la propuesta sensata es cortar este círculo vicioso, por el que se genera desempleo, confrontación, donde se establecen políticas verticalistas y se quieren imponer de cualquier manera, y entrar en un círculo virtuoso, en el que se genere la segmentación, la disminución de las retenciones, lo que va a producir un incremento de la producción, del empleo, de la riqueza y, por lo tanto, va a incrementar el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor agregado, el incremento de los ingresos brutos. En conclusión, habrá mayores ingresos para la Provincia y también para los municipios y, me atrevo a decir, en mayor medida, del que estamos tratando hoy.
En síntesis, señor Presidente, vamos a votar afirmativamente en general el proyecto y votaremos solamente en contra el artículo 3°, que establece que para que los municipios puedan recibir algún dinero tienen que adherir a la Ley o, mejor dicho, a este decreto, cosa que es absolutamente inconstitucional, porque el artículo 2° establece con claridad meridiana que los recursos se distribuyen por la Ley de Coparticipación municipal, se trata de la 10559.
Por lo tanto, considero que el artículo 3° es innecesario, porque se trata de establecer una coacción a los intendentes, la cual nosotros rechazamos de plano.
Nada más, señor Presidente.

Homenaje del diputado Juan Gobbi a Raúl Alfonsín durante sesión del 06 de abril de 2009

Lo cierto es que fue muy conmovedor acompañar los restos de Raúl Alfonsín a la Recoleta. Una multitud acompañaba a un prócer y no se veía semejante movilización desde la muerte de Juan Domingo Perón, acaecida hace treinta y cinco años. Acompañaba la gente a un hombre honorable; la gente sabía que era un hombre honorable, que había puesto la ética al servicio del Estado y ahí iba el reconocimiento.

Su legado está basado en la defensa de los derechos humanos, la transparencia en el manejo de los fondos públicos y la búsqueda de la unidad nacional. Su militancia política permanente y al servicio del pueblo fue clara y no hace falta abundar en más detalles.
Decía un columnista que la gente ya tiene claro su legado y no es necesario recordar al doctor Raúl Alfonsín como un dios, porque no lo era, pero tampoco hubo que demonizarlo, allá por la década del ‘90, porque tampoco correspondía.
Raúl Alfonsín basó su gobierno en la búsqueda del consenso, en base al diálogo y a las diferencias, buscando permanentemente la unión nacional y también basado en la audacia, porque allá por 1983 había que tomar políticas audaces para poder llevar el barco a buen puerto. No fue tarea sencilla y todos los que superamos los 50 años lo sabemos.
Lo cierto es que murió uno de los últimos hombres que desarrolló política en forma artesanal.
Recuerdo a Raúl Alfonsín pasando por el negocio de mi padre con los trajes gastados, brillosos, tomando el tren para comenzar a recorrer su provincia, con muy poco dinero. Iba de un pueblo a otro y allí lo recibían sus amigos, lo hospedaban en sus casas, le daban dinero y seguía su ruta. Ese era Raúl Alfonsín, que construyó un gran movimiento en base a generar un gran afecto en la sociedad.
Esa política artesanal va desapareciendo, pero lo cierto es que Raúl Alfonsín la ejerció en todos los tiempos, en tiempo de democracia y en tiempo de dictadura y eso hace que la gente lo reconozca permanentemente. Generó un affectio societatis entre la gente, que no ha desaparecido y su muerte lo demostró.
Creo, señor Presidente, para ser muy breve que, a veces, hay que recurrir a los recuerdos.
Recuerdo que aquí, en este recinto, Raúl Alfonsín decía: “Sigan ideas, no sigan a hombres. Los hombres pasan, las ideas continúan”. Muchos diarios recogieron esa frase como una frase nueva y lo cierto es que esa frase está insertada en el documento fundacional del Movimiento de Renovación y Cambio, allá por la década del ’70, que le permitió llegar a Raúl Alfonsín a liderar la Unión Cívica Radical y que, posteriormente, permitió que un partido del 25 por ciento de los votos, se transformara con su figura, con su discurso y con su energía, en un movimiento que logró triunfar con el 52 por ciento de los votos.
Ernesto Sand lo recordaba diciendo: “el legado de Alfonsín no es su discurso, no son sus libros ni sus columnas. El legado es él mismo y su conducta”. Y esto es cierto.
A veces, para sintetizar hay que recurrir al humor político y Sendra creo que sintetizó en dos frases lo que significó Raúl Alfonsín para el conjunto de la Nación: había dos ancianas y una dice: "¿Viste que murió Alfonsín, Etelvina?" Y la otra le contesta: "Lo importante es que vivió, Clotilde". Y creo que vivió para fundar nuevamente la democracia en la Argentina.
Obviamente, lo hizo con la colaboración de los demás partidos políticos, porque a nadie escapa la participación activa de la oposición en aquella trágica jornada de Semana Santa.
Finalizando, señor Presidente, nuestro Presidente del bloque decía que antes de Alfonsín, la democracia no valía ni siquiera dos monedas. Y es cierto. Los conflictos se dirimían a través de golpear las puertas de los cuarteles con golpe de Estado tras golpe de Estado. Con Alfonsín se estableció la democracia para siempre. Y creo que esto es el reconocimiento más grande que la gente le hace.
Más allá de la defensa de los derechos humanos, Alfonsín significó la defensa de la vida, y la defensa de la paz.

Muchas gracias

Inquietud legislativa sobre declaración de emergencia de obras de infraestructura

La cámara Baja bonaerense aprobó un proyecto de solicitud de informes presentado por el diputado provincial Juan A. Gobbi (UCR), mediante el cual exhorta al Poder Ejecutivo a que responda sobre distintos aspectos relacionados con la declaración de emergencia en la realización de obras de infraestructura en asentamientos poblacionales existentes en el territorio provincial.

Entre otros interrogantes, se pregunta en la iniciativa cuáles son las “imprevistas circunstancias”, previstas en el Art.1 de la ley 11.340, que motivaron la sanción del decreto1538/2008 que da lugar a la emergencia.
Además, el gobierno bonaerense deberá responder cuál es la fecha en la que comenzaron a suceder las mencionadas reconocidas urgencias, ya que no estaban previstas ni en le presupuesto ni el plan de trabajo, cuál es el fenómeno sucedido motivador de ejecutar en la emergencia, en forma urgente e inmediata, y cuáles son las zonas de influencia afectadas por dicho fenómeno.
Por último, el legislador radical interroga en su iniciativa qué partidas del presupuesto se verán afectadas por las medidas de índole presupuestaria que tanto el Ministerio de Jefatura de Gabinete y Gobierno, como así también el de Infraestructura, podrán proponer al Ministerio de Economía, tal como lo permite el Art. 8 del decreto de referencia.
El legislador sostuvo que “es válido plantearse” si al mencionar en los considerandos del decreto 1538/2008 que “... miles de personas radicadas en asentamientos con alto grado de marginación física y social, en algunos casos en condiciones deficitarias de habitabilidad...” ha tomado por sorpresa al ejecutivo provincial este fenómeno, por lo que lo menciona como una “situación imprevista”.
Seguidamente, el diputado radical advirtió que “cabe preguntarse si el concepto de emergencia no se utiliza como excusa, para la falta de estudio de la realidad y la propia incapacidad de planificar y ejecutar acciones que la modifiquen”.
El diputado radical Juan Gobbi manifestó finalmente, “no es declarando emergencias que se hallaran respuesta a los problemas que aquejan a miles de habitantes de la provincia”.

Preocupación por blanqueamiento de URPES

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Juan A. Gobbi, presentó un proyecto donde solicita información acerca del programa sobre sinceramiento o blanqueo de las Unidades Retributivas por Productividad y Eficacia (Urpes) en la administración pública.

Entre otros interrogantes, la iniciativa pide indicar la cantidad de organismos, Ministerios o entes descentralizados, que otorgan esta asignación no remunerativa a los trabajadores, y en cada repartición puntualice fecha de inicio de la referida percepción. Asimismo, pregunta sobre la vigencia y la previsión presupuestaria contemplada para atender a la "reconvención laboral" o blanqueo referido para el año 2009.
Cabe recordar que el gobierno bonaerense, luego que se presentará esta iniciativa, inicio el proceso de blanqueo gradual de las Unidades Retributivas por Productividad y Eficacia (Urpes) que perciben ciertos agentes del Patronato de Liberados por una bonificación remunerativa y no bonificable.
No obstante, en la actualidad uno de los pedidos que están realizando los gremios estatales al gobierno bonaerense en el marco de las paritarias es el pase a Planta de los Trabajadores Precarizados, el nombramiento de personal en áreas críticas, la equiparación y el blanqueo de URPES y la creación de un Nuevo Escalafón.
El legislador provincial manifestó que "es tarea primordial de la administración responder por el manejo de los fondos, respetando el marco normativo vigente, desterrando los conceptos o códigos no remunerativos que evaden la obligación de contribuir, y así favorecer de esta forma al saneamiento del sistema".
El diputado Gobbi explicó al respecto, "no existen demasiadas precisiones sobre este programa de sinceramiento de los salarios de los trabajadores y menos aún precisiones sobre las distintas etapas del mismo, a saber por ejemplo sus plazos y dependencias en dónde se irá aplicando". Además, el legislador remarcó la necesidad de que se continúe con el cronograma hasta su regularización total en el transcurso del 2009.
"Queda claro que la importancia de medida, o para mejor decirlo los anuncios, deben precisarse para no generar falsas expectativas pero centralmente para dar tranquilidad a un gran número de jubilados y pensionados, que han sido perjudicados –al igual que el Instituto de Previsión Social- por esta práctica perversa y evasora fomentada desde el mismo Estado", concluyó Juan Gobbi.
De la misma manera, el legislador radical solicitó por intermedio de otra iniciativa presentada, que se implemente un régimen especial de regularización y sinceramiento salarial en materia de bonificaciones y especialmente las no remunerativas, “propendiendo al “blanqueo” de las asignaciones que perciben actualmente los trabajadores del Estado en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, comprendiendo al personal activo que desempeñe funciones en forma permanente o temporaria, prestando servicios remunerados y en relación de dependencia; siendo razonable que dicho programa tienda a regularizar la situación durante el año 2009 y con la participación de las entidades gremiales del sector.

Solicitan adecuada señalización de los radares en rutas

La cámara de diputados bonaerense aprobó un proyecto de declaración donde se solicita al Ejecutivo Provincial que realice de manera urgente la adecuación necesaria en la señalética vertical y horizontal de seguridad de la red Vial Provincial, sobre todo aquella relacionada a las velocidades máximas de las rutas afectadas por los controles por radar, en el marco del programa recientemente iniciado.

Según el artículo 2º de la iniciativa presentada por el diputado radical Juan A. Gobbi, los mismos deberían contemplar tanto las indicaciones del momento del comienzo de la desaceleración previa a cruces y accesos, como los de aceleración, muy frecuentemente omitidas.
Por último, la cartelería nueva recientemente instalada a tal fin, debería cumplir con las premisas que el Poder Ejecutivo Provincial ha puesto de manifiesto en muchas declaraciones en los medios de comunicación, en las que expresa que no serán elementos que sirvan para recaudar por multas, y mucho menos para tornar más peligrosos los lugares en que se realicen los controles.
Según el diputado Gobbi, el sistema de radares "está sospechado de ser sólo una manera más de recaudar por las características que adoptó la cuestión en la década del ´90, en las que los radares fueron verdaderas trampas caza-bobo que sostuvieron partes nada despreciables de varios presupuestos municipales de distritos que se encontraban a la vera de alguna ruta provincial importante". Es por ello que advirtió que "hoy se debe ser especialmente cuidadoso al momento de aplicar el sistema”.
Para esto último, es fundamental que "la distribución de los radares siga un criterio sólo vinculado a la seguridad, incorporando a los datos con que cuenta la Dirección de Vialidad, la opinión de las autoridades de las localidades cercanas y se reduzca a la más mínima expresión las posibilidades de que por falta de indicaciones apropiadas, los conductores efectúen maniobras erróneas que puedan poner en riesgo su seguridad y las de los demás".
Radar en acceso a General Belgrano
Por otra parte, la Cámara Baja bonaerense aprobó un proyecto de Solicitud de Informes por el cual el Gobierno bonaerense deberá dar cuenta sobre el radar ubicado en la RP N°29 en la Ciudad de General Belgrano, en la bajada Norte-Sur del Puente sobre el acceso a la localidad.
Concretamente, el legislador de la UCR pregunta en su iniciativa cuáles son las razones que sustentan la decisión de colocar en el puente sobre el acceso a la Ciudad de General Belgrano, en el kilómetro N° 76 de la Ruta Provincial N° 29, en la bajada en sentido Norte-Sur, un cartel indicador de una máxima de 40k/h, tal cual ha trascendido en medios de esta localidad.
Asimismo, interroga por qué se ha considerado esta zona como lugar apropiado para colocar un radar, siendo que en la misma no se registran accidentes de importancia, y si se ha consultado a las autoridades locales respecto de la conveniencia de ubicar el radar en ese sector.
El diputado Juan Gobbi señaló al respecto, "algunos carteles indicadores de velocidades máximas se han agregado en lugares inapropiados en los últimos días, con el objeto de que sean funcionales a los controles por radar, los que conllevan riesgo en si mismos, provocando que lugares que no registran accidentes serios en años se transformen en lugares potencialmente peligrosos".

EL DIPUTADO JUAN GOBBI RECORDÓ A RAÚL ALFONSIN

El diputado provincial Juan A. Gobbi (UCR) realizó declaraciones durante el homenaje llevado a cabo en la última sesión de la Cámara Baja bonaerense.

El legislador sostuvo durante su alocución que "lo que ocurrió fue la muerte de un prócer que tuvo reconocimiento en esta Cámara y por parte del gobierno nacional", a la vez que agregó que “la multitud acompañó a un hombre honorable que había puesto la ética al servicio del Estado, que basó su gobierno en la búsqueda de consenso, demandando la unión nacional”.
El diputado chascomunense recordó que “en el año 1983 había que tomar políticas audaces para llevar el barco a buen puerto, y Raúl Alfonsín estuvo a la altura de las circunstancias”.
El legislador radical sostuvo que con Alfonsín se fue el “último político artesanal, porque recorría cada pueblo, donde era recibido por sus amigos que lo albergaban, le daban dinero, y luego seguía camino”.
Seguidamente, Juan Gobbi aseguró que “más que la defensa de los derechos humanos, Alfonsín significó la entrada a la vida y la paz”.
Por último, el diputado señaló que "la trayectoria del Doctor Alfonsín nos indica un camino que excede holgadamente las parcialidades para inscribirse en el campo más amplio de la sociedad toda, su estilo, su modo y su obstinación han sido la de buscar la unidad de los argentinos".

Declaran de interés provincial la actividad desplegada por la FUNDACION TIFLOS

La cámara Baja bonaerense aprobó un proyecto del diputado provincial Juan A. Gobbi (UCR), que Declara de interés provincial la actividad desplegada por la FUNDACION TIFLOS, organización sin fines de lucro cuyo cometido central es brindar programas de rehabilitación y de centro de día para personas ciegas o con baja visión.

Desde hace 18 años, la Institución platense desarrolla una intensa actividad que ha echo posible que quienes padezcan de ceguera puedan recuperar su capacidad de actuar de manera independiente mediante la aplicación de técnicas de desplazamiento y ejecución de actividades de la vida diaria.
Para ello, un equipo de técnicos y profesionales de excelente formación y notable carga afectiva desarrolla su tarea que hace posible que la ausencia del sentido de la vista no impida el desarrollo normal de las capacidades de cada uno.
La Fundación Tiflos logra los sorprendentes resultados que permiten al ciego convivir con la oscuridad conociendo sus límites pero también aprendiendo a desarrollar sus potencialidades de forma tal que, para su propia sorpresa, la de su entorno familiar y social, muestran que la imposibilidad de ver no es una limitante absoluta.
Cabe recordar que en la actualidad, está en su etapa final y próximo a su habilitación el Centro de Residentes, ubicado al lado de la Sede y con capacidad para 8 personas, lo que hará posible extender la prestación a recuperandos del interior que podrán instalarse por un período de tiempo que les permita alcanzar sus objetivos, salvando el inconveniente que significa el traslado bi-semanal desde sus localidades de residencia.
Por último, es importante destacar que se trata de una Institución que silenciosamente brinda un servicio que merece el mayor de los reconocimientos y apoyo tanto por su calidad profesional y afectiva cuanto por lo que significa en el proceso aún lejos de ser saldado de integración del discapacitado.

“El Fondo Federal Solidario es una medida verticalista que agudiza el conflicto”

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Juan A. Gobbi, esgrimió que los fondos de retenciones anunciados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “son exiguos y no solucionan los problemas de financiación de la Provincia de Buenos Aires y municipios del interior”. Además, sostuvo que “la suma original manejada en ámbitos oficiales como privados se reducirá a más de la mitad”.

El diputado Gobbi explicó que “al dictar el Decreto de Necesidad y Urgencia, el gobierno ha enviado al sector Agrícola un mensaje contundente, las retenciones a la Soja no se negocian y la alícuota se mantiene al 35%; y dio también un mensaje claro a Gobernadores e Intendentes al establecer que si no adhieren a la medida, no recibirán un sólo peso de la coparticipación del dudoso 30 % a aplicar sobre las retenciones de la soja”.
El diputado de la quinta sección argumentó que, según información del Gobierno Nacional, el 30% representa un fondo de $ 6520 millones a distribuir entre las provincias. Si esto fuera así, la Provincia de Buenos Aires participará en un 21,5 %, lo que determina una suma de $ 1402 M y de ésta, los Municipios participarán en un 30% ($ 420 M), quedando en el tesoro provincial un monto neto de $ 982 M.
No obstante lo expuesto, “de la lectura con detenimiento de decreto 206/09 surge con claridad en sus fundamentos que el reparto automático de los fondos se realizará conforme los mismos porcentajes establecidos en los artículos 3, 4 y 8 correlativos y concordantes de la Ley N 23548 y sus modificatorias”, agregó Gobbi.
Comentó que “el artículo 3 de la ley 23548 establece con claridad que de lo recaudado, el 42.34 % se distribuirá en forma automática a Nación; en tanto que el 54.66 % se distribuirá en forma automática al conjunto de las provincias adheridas”.
“Asimismo – prosiguió el diputado de la UCR - se debe destacar que previo a la distribución mencionada en el párrafo anterior por pactos federales ratificados por leyes nacionales y provinciales, se debe retener el 15 % de la masa coparticipable con destino al Anses. Por lo expuesto, el monto que le corresponderá a la Provincia de Buenos Aires ascenderá a la suma de $ 651 M en lugar de los $ 1402 y por lo tanto los municipios recibirán $ 195 M en lugar de los $ 420 M , quedando en el Tesoro Provincial un importe neto de $ 456 M”.
Seguidamente, el legislador advirtió que “está claro que la suma original manejada en ámbitos oficiales como privados se reducirá a más de la mitad, salvo que se produzca una modificación de decreto 206/09”.
El legislador radical denunció que “los fondos son exiguos y no solucionan los problemas de financiación de la Provincia de Buenos Aires y municipios del interior. Pero se debe resaltar que más allá de los pesos lo que se debe buscar es el diálogo, el consenso y la participación”.
El ex intendente de Chascomús manifestó que “la redacción del decreto implica medidas verticalistas, confrontativas, que agudizan el conflicto en lugar de solucionarlo. Todo indica que se quiere enfrentar a los gobernadores e intendentes, con los productores rurales. Es tiempo entonces de estar a la altura de las circunstancias no avalando ingresos en base a la coacción y a costa de perder la dignidad”.
“Determinar la segmentación y disminución de las retenciones – continuó - implica aumento de la producción y por ende del giro comercial, generando incrementos impositivos en Ganancias, IVA e Ingresos Brutos entre otros, los que incrementarán la masa coparticipable”.
“Actuando como se debe se quebrará el círculo vicioso de confrontación remplazándolo por un círculo virtuoso basado en el crecimiento de la producción, el empleo y la distribución de la riqueza”, concluyó Juan Gobbi.

Requieren un control “responsable” sobre el expendio de “bebidas analcoholicas e hídricas, agua y agua gasificada”

El diputado bonaerense de la Unión Cívica Radical, Juan A. Gobbi, presentó un proyecto a fin de obtener información de parte del organismo responsable del control del cumplimiento del actual Código Alimentario Argentino en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, en lo referente a la comercialización de bebidas hídricas, agua y agua gasificada.

El legislador radical pregunta en su iniciativa cuáles son los tipos de control que se realizan a los productos encuadrados por el Código Alimentario Argentino (CAA) como “bebidas hídricas, agua y agua gasificada” en el ámbito de la toda la provincia y periodicidad en que los mismos son efectuados.

También solicita la puesta en conocimiento sobre toma de muestras de productos en su etapa de elaboración o comercialización, para su análisis físico-químico y bacteriológico, y determinar así su ajuste a lo normado por el CAA, y en consecuencia, su aptitud para el consumo.

El organismo de aplicación deberá responder si considera que los controles realizados son suficientes en atención a la población de nuestra provincia, o a estándares internacionales, y así mismo sí el indicador es apropiado para garantizar el consumo seguro de agua a la población, y si en lo referente al cumplimiento de las competencias sobre la fiscalización de productos de este tipo, se trabaja en forma conjunta entre ministerios de la Provincia de Buenos Aires y organismos nacionales competentes.

Cabe recordar que los productos definidos por el Código Alimentario Argentino - Capítulo XII como “bebidas analcoholicas - bebidas hídricas, agua y agua gasificada” deberán reunir una serie de características y un tipo de rotulación a los efectos de informar al consumidor las características del producto, garantizar su inocuidad y calidad, dejando al usuario la libre elección de los productos ofertados.

El legislador de la Quinta Sección Electoral esbozó que se ha detectado la existencia de productos de esta naturaleza, “que se comercializan libremente en el mercado del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y que están constituidos por productos de primeras y segundas marcas, que en apariencia no cumplirían con los estipulados por el Código Alimentario Argentino, dado que la rotulación en la mayoría de los casos no se ajusta a las especificaciones dispuestas por el referido código, pudiendo inducir a información engañosa para los consumidores”.

Es por ello que el diputado Juan Gobbi consideró “indispensable” reforzar los controles y desarrollar medidas sobre el sistema de comercialización de estos productos, así como determinar la responsabilidad de los organismos competentes y las actividades que en este sentido realiza la autoridad competente en el ejercicio del poder de policía a la fecha.